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Comisión Permanente archiva denuncia constitucional contra Boluarte y exministros por muertes en protestas

Sigrid Bazán pidió una reconsideración, pero en esta instancia no se admite este procedimiento. SAC ya la había declarado improcedente en mayo

La presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola fueron libradospor la Comisión Permanente del Congreso de la denuncia constitucional en su contra por las muertes durante las protestas.
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La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el exministro del Interior César Cervantes, por su responsabilidad durante las protestas contra el gobierno y el Congreso.

La congresista Sigrid Bazán pidió una reconsideración a la votación, pero en esta instancia no se admite este procedimiento.

El pasado 5 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había declarado improcedente esta denuncia, con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

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La denuncia constitucional fue presentada por los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez. La presidenta y los exministros son acusados de ser responsables mediatos de las muertes en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

¿Qué consideró la SAC para desestimar la denuncia constitucional?

Según el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública, en el tiempo que era materia de la denuncia constitucional. Consideraron también el marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.

Lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 está en proceso de investigación tanto en el Congreso como en el Ministerio Público, por lo que no se define todavía la responsabilidad de los altos funcionarios en estos actos.

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