“Investigación que afronta la presidenta Boluarte no tiene ni pies ni cabeza”, afirma su abogado

Joseph Campos anuncia que solicitará que la excluyan de investigación por los delitos de genocidio y homicidio calificado

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El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció que solicitará la exclusión de su defendida de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado, frente a las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno.

“La investigación que afronta la mandataria no tiene ni pies ni cabeza”.

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte.

Campos argumentó que para el genocidio tiene que haber dos elementos: las muertes y la voluntad de exterminación de un grupo. “Eso no tiene ninguna posibilidad de armarse en el país”, sostuvo.

Dijo también que el homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad e intención, lo que, en su criterio, tampoco ocurre respecto a la presidenta Boluarte. Por eso dijo que “no existe la posibilidad de imputarle esos delitos” y que jurídicamente no tiene sentido esta investigación.

¿Cómo fue la audiencia de la presidenta en la Fiscalía?

La presidenta Dina Boluarte declaró este martes ante la Fiscalía de la Nación. Llegó poco antes de las 9 de la mañana en medio de un amplio despliegue de seguridad. Debía brindar su testimonio como parte de la investigación que se le sigue por las muertes en las protestas contra su gobierno en diciembre de 2022 y enero de 2023.

La diligencia la dirigió la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quien estuvo acompañada del fiscal adjunto supremo Marco Huamán, colaborador cercano de la fiscal en las indagaciones a altos funcionarios. También estuvieron dos abogados de la Procuraduría General del Estado (PGE) y dos abogados de las defensas de los investigados.

Según se conoció, Boluarte Zegarra respondió cerca de 25 preguntas que le hizo el fiscal Huamán, según la dirección de Benavides. A decir de algunas fuentes, las preguntas fueron sencillas, “generales, bien generales”, sin profundizar en los detalles. Por eso no plantearon repreguntas. Y las respuestas de la mandataria también fueron “generales” e incluso “evasivas”, porque aludió a respuestas previas.

Abogado de Boluarte parecía intérprete y quiso dirigir las respuestas de la presidenta

El abogado Joseph Campos Torres fungió de intérprete, aclarando las preguntas que le hacían los fiscales a la presidenta Boluarte. También pretendió dirigir o reinterpretar las respuestas de Boluarte, lo que la fiscal de la Nación impidió diciéndole que no podía hacer eso.

En esta etapa de la diligencia el representante de la Procuraduría advirtió que la presidenta “parecía leer sus respuestas” en unas hojas. Boluarte explicó que eran unos apuntes con números y fechas de resoluciones. Nuevamente intervino la fiscal de la Nación y le prohibió leer o dar la impresión de que leía. Le explicó que sus respuestas debían ser espontáneas, lo que recordara sobre los hechos a investigar.

Terminadas las preguntas de la Fiscalía, Benavides Vargas le consultó al abogado si iba a hacer preguntas. Él respondió que no. Luego, le consultó a la Procuraduría y la respuesta fue que sí, lo que inmediatamente Joseph Campos objetó.

Procuradores y abogados de víctimas tenían derecho a formular preguntas

Los representantes de la PGE señalaron al abogado de la presidenta que sí estaban autorizados a estar presentes y a hacer preguntas al igual que los abogados de los familiares de las víctimas.

El juez supremo Juan Carlos Checkley les dio la razón sobre si podían estar presentes en el interrogatorio e intervenir. Y esa sentencia está en plena vigencia. Lo que está por resolverse es la apelación de la Fiscalía que frustró la declaración de Dina Boluarte en marzo. La fiscalía apeló para que se resuelva en segunda instancia, la decisión del juez. Esto no se dio aún, pero no por eso se suspende la resolución inicial y por lo tanto, sí tenían derecho a ser parte del interrogatorio.

Sin embargo, Dina Boluarte optó por guardar silencio para no contestar a las preguntas de la defensa del Estado y tampoco a los abogados de los deudos, con lo que la diligencia concluyó.

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