En un extenso pronunciamiento, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) pidió a la Corte Suprema este lunes “la defensa de los derechos humanos y el Estado constitucional de derecho”, ante la inhabilitación y la formalización de la causa penal contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera.
La asociación, conocida como Jusdem, reúne a jueces de primera y segunda instancia, y fue creada en los años 90.
El documento fue publicado antes de que se realice la Sala Plena extraordinaria que, con carácter de urgente convocó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela -a pedido de ocho jueces supremos, apenas conocieron de la decisión del Congreso de la República- y que se para este miércoles 28 de junio.
Los jueces supremos que integran la Sala Plena y que se reunirán este miércoles son 19. Solo ocho firmaron la convocatoria de sesión urgente de mañana. Y de estos, solo cuatro son parte de la Jusdem.
“Urge que el máximo ente de la administración de justicia del país cautele y defienda el equilibrio de poderes”
Los miembros de la Jusdem “invocan al máximo órgano judicial a que asuma una posición de defensa de la independencia funcional, pues ningún poder público puede entrometerse en el contenido de lo que resuelva un juez o fiscal”.
En el documento proponen además que, ante cualquier decisión del Congreso, sean ellos quienes, finalmente, definan el futuro de los jueces. Adecuándose a las normas, ya que “urge que el máximo ente de la administración de justicia del país cautele y defienda el equilibrio de poderes”.
También piden a los poderes del Estado, considerar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas manifiestan la preocupación que existe por las acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia.
Es inaceptable el juicio político que el Congreso realizó contra Ávalos Rivera
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) en su pronunciamiento califican además de “inaceptable” que el Congreso haya realizado un juicio político contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. Y que se concluyera en su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública.
“De ser el caso, haciendo uso de sus facultades, emita en su oportunidad, una sentencia plenaria que desvincule al juez respecto de la decisión del Congreso. Con base a la interpretación de normas e independencia judicial. Pues en momentos donde el Estado constitucional de derecho se ha visto afectado, urge que el máximo ente de la administración de justicia del país cautele y defienda el equilibrio de poderes”, enfatizan en el documento.
“En un Estado de derecho debe garantizarse la independencia de los jueces y fiscales, conforme lo prevé el artículo 158 de la Constitución peruana. Ningún poder público puede entrometerse en el contenido de lo que resuelva el juez o fiscal”, subrayaron.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube
