De acuerdo a las previsiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), “el número de personas mayores de 65 años se habrá más que duplicado a mediados de siglo”. Si en el año 2021, 761 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más, en el 2050 esa cifra aumentará a 1600 millones. Y todos requerirán una pensión.
En ese sentido, el Informe Social Mundial 2023 de la ONU aboga por “replantear la protección social a medida que el mundo tiene cada vez más canas”, instando a los Gobiernos a adoptar medidas concretas. “Los derechos y el bienestar de las personas mayores deben ser prioritarios en los esfuerzos por lograr un futuro sostenible. Las autoridades deben replantearse los sistemas de protección social, incluidas las pensiones”.
En esa línea, la Red de Medios Regionales del Perú realizó un conversatorio para conocer cómo se plantea el actual sistema de pensiones en el país, dada su problemática de subvenciones claramente insuficientes para una jubilación digna. Gracias a la fundación Friedrich Eber, invitó a dos expertos en el tema, el abogado Javier Paitán Martínez y el economista Fernando Cuadros Luque.
También se invitó a la congresista Sigrid Bazán Narro, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para que de a conocer el proyecto de esta comisión. Y a la congresista, Rosangella Barbarán Reyes, presidenta de la Comisión de Economía para que exponga sobre el proyecto de Ley de esta Comisión, pero no pudo estar presente. Aquí lo que dijeron.
“Con el libre retiro de fondos se daña el derecho humano fundamental a una pensión”
Javier Paitán Martínez, abogado de la Universidad Mayor de San Marcos y Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que la seguridad social es un derecho humano fundamental contemplado en nuestra Constitución.
“La seguridad social en el Perú es un derecho fundamental para la protección de los peruanos a través de la atención de la salud y las pensiones, entre otros aspectos. Su acceso es progresivo en el caso de las pensiones y requiere de un financiamiento”, dijo.
Señala que la Constitución permite la participación del Estado y del sector privado. Sin embargo, el primer y último garante en brindar este derecho humano fundamental de la ciudadanía peruana es el Estado y no las empresas privadas. Añade que la seguridad social ya no solo se debe encargar de cubrir esas necesidades, sino también hacer frente a la pobreza y a la desigualdad social que cada vez se viene acrecentando, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica.
El experto señaló que el sistema de pensiones en el Perú ha evolucionado de a pocos. Nace en 1850 con Castilla, en 1970 se crea el Instituto Peruano de Seguridad Social con Velasco Alvarado. En los 90 ingresan las AFPs al Perú. En el 2011 se crea Pensión 65 y se abre la protección a quienes no eran trabajadores. Sin embargo, en el año 2016, por una ley, se da el libre retiro de fondos de las AFPs. Lamentablemente, ese sistema de protección social que estaba avanzando, retrocede.
Y es a partir de ese año que se dan muchas propuestas normativas por parte de congresistas y también del Estado, para el libre retiro de fondos. Se daña así el derecho humano fundamental a una pensión, sobre todo frente a una población que está envejeciendo cada vez más.
“El Estado no es mal gestor, son las personas que están a cargo en un determinado momento las que hacen que el Estado esté decayendo”
Señalna propuesta seria debería hacerse en unos dos o tres años, con todos los actores sociales del sistema y considerando todos los aspectos sociales. De lo contrario, en un futuro tendremos más adultos mayores sin ningún tipo de pensión en el país. Si queremos tomar algún país como ejemplo, mencioóo a Chile que tiene hasta dos reformas grandes que se han tomado el tiempo necesario para generar informes consensuados, informes con la participación activa de la ciudadanía.
“En el Perú lo que tenemos es una propuesta de reforma en la Comisión de Economía, que lamentablemente nos hace retroceder en lo poco que hemos avanzado”, opinó. Explicó que, sea cual sea el corte de ideología del gobierno, en Chile y sobre todo en Estados Unidos sus sistemas de protección social están bajo la administración del Estado. La OIT señala que el Estado tiene que garantizar este derecho humano fundamental.
“El Estado no es mal gestor, son las personas que están a cargo en determinado momento. El Estado sirve. Y ahora, por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible el Perú tiene que poner fin a la pobreza con mecanismos de protección social para todos, solidario y, con la participación de todos los actores que puedan participar”.
Añadió que en el Perú la ONP y la AFP compiten y los ciudadanos tenemos que ponernos a analizar qué modelo puede funcionar según nuestra realidad social. Debemos ver las ventajas que tiene la ONP que garantiza una pensión mínima de 500 soles; y en la AFP, si se gana más de 3000 soles se podría tener una pensión mayor a la de la ONP. “Busquemos las ventajas, las cosas buenas, positivas que tiene cada sistema y otros sistemas no regulados complementarios que existen en algunas universidades privadas y de acuerdo a ello veamos cuál es el mejor esquema que podría funcionar en nuestro país”, finalizó.
“Hay un 65 % de la población que trabaja y no cuenta con afiliación a un sistema previsional”
El economista Fernando Cuadros Luque, de la Universidad del Pacífico, especializado en mercado de trabajo, empleo y seguridad social y exviceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dijo que la principal problemática del sistema previsional en nuestro país -que nos llevaría a la urgencia de una reforma integral en materia de pensiones- es el hecho de que existe una baja cobertura de los sistemas de pensiones en el país.
Solamente el 35 % de toda la población ocupada de todos los que trabajamos en el Perú estamos afiliados a algún sistema de pensiones ya sea público o privado. Y hay un 65 %, que trabaja y no cuenta ni siquiera con afiliación a un sistema de pensiones.
“Cuando llegue su jubilación a los 65 años, no va a contar con ningún tipo de prestación previsional de pensión y se verá obligada a trabajar de por vida y mayoritariamente en condiciones de precariedad”, dijo.
Dijo que la población que trabaja en el país asciende a algo más de 17 millones de personas. Se refiere a cualquier tipo de empleo formal, informal, dependiente, independiente, público, privado, etcétera. Explicó que entre los trabajadores que laboran por cuenta propia la afiliación y cotización previsional es prácticamente inexistente. Y que no más del 10 % de independientes, sobre todos los menos calificados, que son la mayoría, cotizan regularmente algún sistema previsional o al menos están afiliados a él.
Luego, que en las microempresas que tienen hasta 10 trabajadores es donde se concentra la informalidad laboral. Nueve de cada diez trabajadores no están declarados en planilla y por ende, no acceden a ningún beneficio laboral y tampoco cotizan a la seguridad social previsional. Ellos representan la mitad de todo el empleo asalariado privado del país. Otro grupo con muy baja cobertura de pensiones es el de las trabajadoras del hogar. El 90 % de ellas no es formal. No es reconocida por su empleador como dependiente y tampoco cotiza al sistema previsional.
“En el Perú, las pensiones son financiadas al cien por ciento por los trabajadores cuando en países desarrollados y latinoamericanos, hay un financiamiento solidario, tripartito”.
Entonces, más o menos 5 millones y medio de cotizantes activos constantes a la ONP o a la AFP, son básicamente los trabajadores de ingresos bajos. Los de un salario mínimo y menos de 2,000 soles están en la ONP y los que ganan más, están en las AFPs. No obstante, incluso en el caso de las AFPs, las pensiones son bastante bajas. Un 70, 80 por ciento de sus pensionistas actuales recibe pensiones que no superan los 600 soles. Esto tiene que ver también con los bajos niveles remunerativos que hay en el país que no permiten formar un ahorro provisional importante en la mayoría de casos.
“Hay un problema estructural en el sistema previsional tanto público como privado. Debería poder dejarse este mecanismo e ir por pilares complementarios donde todos los trabajadores dependientes, independientes, públicos, privados y demás, aportemos a una misma bolsa que garantice pensiones, digamos adecuadas, para todos los aportantes”, opinó Cuadros Luque.
Estos pilares luego podrían complementarse con aportes individuales, no a cuentas de capitalización como las de las AFPs, pero ya garantizando una pensión base para todos los aportantes. “Yo creo que la reforma previsional debería seguir ese camino”, dijo.
Añadió que otro problema del sistema previsional privado tiene que ver con el sistema de comisiones que se cobran con un porcentaje de la remuneración del trabajador o un porcentaje del saldo acumulado en su fondo. “Ya que le genere rentabilidad o no, igual van a obtener ingresos vía comisiones y utilidades dentro de ese negocio o actividad económica. Se requiere reformar la estructura de comisiones para que se vinculen fundamentalmente a la rentabilidad generada mes a mes para los trabajadores del país”, señaló.
Explicó que otro aspecto tiene que ver con que en el Perú las pensiones son financiadas al cien por ciento de los trabajadores. Esto no pasa en otros países del mundo desarrollado e incluso Latinoamérica, donde hay un financiamiento solidario. Un fondo tripartito de las pensiones entre la empresa y el Estado. Esto alivia la carga económica para el trabajador y le permite acceder a un mejor nivel pensionario.
“Es urgente una reforma al sistema, pero debe ser integral”
Cuadros señala que a esos problemas principales habría que sumar la falta de participación de los afiliados en la gestión de sus fondos. Habría que pensar en esquemas donde los trabajadores activos aportantes, los pensionistas e incluso los empleadores que aportan al sistema previsional puedan participar más directamente en la gestión de los fondos previsionales o AFPs, como pasa en otras experiencias a nivel internacional.
“Incluso en el propio seguro social de EsSalud, su consejo directivo tiene una participación bastante más democrática que en el caso de los sistemas de pensiones en nuestro país o AFPs”.
Economista Fernando Cuadros
La propuesta de la Comisión de Economía del Congreso básicamente va en la línea de que se generalicen las cuentas individuales de capitalización. Así, todo se convierte en una AFP, incluso la ONP, una AFP pública, lo que sería perjudicial para los trabajadores de menores ingresos, estimó. Dijo que la pensión va a depender de lo que puedan ahorrar y no hay un aporte solidario.
Es un problema serio, añadió. Además el proyecto plantea utilizar tres puntos porcentuales del IGV correspondiente a los afiliados para financiar mejores pensiones, pero los que se van a favorecer son los que tienen mejores ingresos.
“Con ese proyecto se le van a quitar recursos al Estado para financiar a los que menos ganan y también para financiar el gasto público en servicios de calidad como la Educación y la Salud. Hay una dinámica regresiva que no debería ser aprobada, siendo además que la comisión principal en esta materia es la de Trabajo y Seguridad Social”.
Economista Fernando Cuadros
Sigrid Bazán: “Lo que buscamos es la universalidad. Que el sistema llegue a todos y con una pensión mínima”
A su turno, la parlamentaria Sigrid Bazán Narro, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, explicó las bases de su propuesta para el sistema de pensiones, el mismo que está planteado bajo tres pilares.
El primero es no contributivo, es decir administrado y financiado por el Estado. Este primer pilar buscaría incluir pensión 65 y el programa Contigo que en estos momentos vela por la seguridad social de las personas con discapacidad. El segundo pilar es contributivo. Es administrado por el Estado. Tiene un aporte tripartito, que no solo recarga al trabajador, para que aporte el 9% (actualmente aporta el 13%), el empleador con el 4% y el Estado 1%.
El tercer pilar es llamado complementario, y busca que puedan haber tantos gestores públicos como privados. El afiliado va a decidir en ese tercer pilar si es que sus aportes pasan a una AFP o a un gestor público. Y la idea es que las personas con ingresos superiores a los 5,125 soles pueden rentabilizar aquí su dinero como bien les parezca.
“No puede haber una pensión menor a la canasta básica de consumo personal estamos hablando de que el mínimo serían 415 soles. Y tampoco, poner topes a máximos como funciona actualmente. Y fomentamos que los trabajadores no formales se sumen a este sistema, porque actualmente hay 11 millones de personas no afiliadas.”, refirió la congresista.
Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú
Algunos datos sobre la crisis de los sistemas de pensiones peruanos
El abogado Álvaro Vidal Bermudez, asesor de la Comisión de Trabajo, dijo que la propuesta presentada es la única que propone la universalidad. Esto es, que todos los adultos mayores accedan a una pensión. Dijo que en el dictamen de la comisión de Economía se insiste más bien en el carácter de cuentas individuales de los sistemas de pensiones. Y en el caso del Ejecutivo lo que se ha planteado es básicamente integrar Pensión 65 al programa Contigo, pero manteniendo la línea de pobreza.
En la propuesta de la comisión de Trabajo y Seguridad Social lo que se está planteando es que toda persona adulta mayor acceda como mínimo a una pensión equivalente a la canasta básica de consumo personal.
Algunos datos que reflejan la crisis en la que se encuentran los sistemas de pensiones peruanos. Por el lado del sistema de AFPs, aún cuando se considera el nivel de afiliación alto, porque hay más de 8.9 millones de peruanos y peruanas afiliados y a los cuales se les cobra una comisión. De esos 8.9 millones, menos de la mitad aporta efectivamente. No aporta a su fondo de pensiones, sin embargo, le viene cobrando una comisión por administración.
Acotó que algo muy particular del sistema privado de pensiones es que, en vez de aumentar el número de jubilados, está disminuyendo. Al año 2021 habían 111 mil pensionistas de jubilación y a este año solo hay 74 mil. Eso responde justamente a que este sistema no garantiza realmente una pensión, aseguró.
Lo que se está planteando es que se garantice una pensión acorde al estándar internacional
Mientras que en el caso del Sistema Nacional de Pensiones del sistema Público, con todas sus deficiencias, es el sistema que más pensionistas tienen. Más de medio millón podría ser con las propuestas y modificaciones que se están planteando desde la comisión de trabajo y seguridad social un sistema reformulado, reformado y que mejore las pensiones básicas contributivas.
En ese sentido, dijo que lo que se está planteando en el dictamen de la comisión de trabajo es que se garantice para aquellas personas que aporten un mínimo de 15 años, una pensión acorde al estándar internacional.
“Es decir que la pensión de todas aquellas personas que aporten este mínimo sea equivalente al 40 % de las remuneraciones de referencia. Ese es el estándar Internacional del Perú no lo cumple actualmente ni a nivel de Sistema Nacional ni a nivel de sistema privado”.
Álvaro Vidal, asesor Comisión de Trabajo
Explicó que esta propuesta está recuperando ese estándar internacional contenido en un convenio internacional. Y es la base de los mejores sistemas de pensiones a nivel internacional que es el Convenio 102. Otra diferencia fundamental entre el dictamen de la comisión de Trabajo y las otras propuestas es que se está recuperando el financiamiento solidario, añadió.
“En el Perú, al día de hoy, los empleadores no aportan a los sistemas de pensiones”, dijo. Añadió que lo que está haciendo este dictamen es recuperar el aporte del empleador, que no aporta ni un 1% a los sistemas de pensiones. Y lo que se está planteando es que empiece a aportar gradualmente hasta llegar a este 4 %. “Si queremos mejorar las pensiones tiene que haber un aporte tripartito”.
Las AFPs han tenido una rentabilidad negativa en el último año, pero los dueños han ganado 7 mil millones de soles
“Esto a veces no se dice. Pero debe decirse que no solamente ha caído el fondo de pensiones por los retiros, sino también porque ha habido una rentabilidad negativa”, dijo Vidal. Por eso cualquier esquema que también complemente las pensiones a partir de financiamiento en base a administración privada deben garantizar una rentabilidad mínima, estimó.
“Se está considerando que las AFPs compitan con otros entes y que se garantice un nivel de rentabilidad mínimo para mejorar las pensiones”.
Señaló que un dato que llama la atención desde la creación del sistema privado de pensiones y que puede corroborar con estadísticas de la SBS, es que los dueños de las AFPs han ganado 7 mil millones de soles. “Son veinte personas que han ganado esa cantidad a costa de desfinanciar el sistema público de pensiones”.
“Con esa cantidad se hubiera financiado Pensión 65 desde el año 2012, sea en monto o en personas. Lo que le ha costado al Estado es 7 mil millones de soles, es decir un monto equivalente a lo que han ganado las AFPs, lo que muestra lo injusto de este esquema”.
Álvaro Vidal, asesor Comisión de Trabajo
Por eso es que la tendencia internacional es establecer un modelo de pilares múltiples que recoja lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado y se integre para garantizar pensiones sostenibles, pensiones más adecuadas, estimó. Y es lo que se propone a nivel de la Organización Internacional de Trabajo, del Banco Mundial, del BID.
“Sería un riesgo y un error avanzar en el sentido de cerrar el sistema público porque con todas sus deficiencias es la base para construir un esquema más solidario y por eso entendemos que también desde el propio Ejecutivo se ha planteado mantener el sistema público aún, cuando no lo fortalece”, finalizó.
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