La región Arequipa enfrenta problemas significativos de corrupción e inconducta funcional que han provocado la paralización de más de 65 obras. Esta situación ocasionó una pérdida de 1 176 millones de soles el año pasado, según advirtió el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta.
“Los principales problemas están en las obras, hay demasiados problemas de corrupción y demasiados sobrecostos”
Nelson Shack, contralor general de la República del Perú.
Durante su visita de dos días a las provincias de Arequipa y Condesuyos, el contralor supervisó este jueves 6 de julio, el intercambio vial Bicentenario. Una de las obras más importantes para la ciudad, pero que ha enfrentado dificultades debido a un expediente técnico deficiente.
Además de esta obra, existen otras que presentan la misma problemática. Ante esto, Shack planea reunirse con las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa para discutir la posibilidad de implementar un programa de integridad, supervisado por la Contraloría. El fin es prevenir la repetición de situaciones similares.
“El proceso de descentralización en el Perú no ha funcionado. Las capacidades de gestión al interior de los gobiernos regionales y los gobiernos locales no se han fortalecido y es una responsabilidad compartida con el gobierno central. Porque no es solamente responsabilidad de gobiernos regionales y locales”
Nelson Shack, contralor general de la República del Perú.
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Problemas en obras de Arequipa y otras regiones
El contralor afirmó que los gobiernos regionales y locales del país enfrentan problemas en las obras. En particular, mencionó la situación de los hospitales, los cuales presentan dificultades debido a la falta de capacidad de ejecución de las autoridades. Un ejemplo de esto es el Hospital Maritza Campos en Arequipa.
Ante esta situación, la Contraloría propone la creación de una autoridad de infraestructura o un ministerio de obras públicas. La Contraloría ya ha enviado iniciativas legislativas al Congreso para modificar la normativa vigente. Shack enfatizó la necesidad de sancionar a los responsables de expedientes técnicos deficientes, así como a los funcionarios que los aprueban.
La Contraloría realiza un ciclo de control, donde primero se advierte sobre posibles hechos irregulares. Si los funcionarios públicos no toman medidas para resolver esas observaciones, se pasa al control posterior, donde se proponen sanciones. Estas sanciones pueden ser administrativas, civiles o penales.
En el caso de situaciones graves o muy graves a partir de mediados de 2021, la Contraloría procesará y inhabilitará a los responsables, tal como ya se está haciendo. “Lo que ha pasado antes, no es competencia de la Contraloría”, aseveró la autoridad.
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