Tres son los primeros policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte el 16 de diciembre del 2022 en el puente Pichanaqui, Junín, según una reciente disposición fiscal del Equipo Especial de Fiscales para los Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales a las que esta publicación tuvo acceso.
El equipo especial investiga por homicidio y genocidio al general PNP Gregorio Martín Villalón Trillo, quien fuera jefe de la VI Región Policial de Junín; al coronel PNP César Felipe Chávez Navarro, jefe de la División Policial de la provincia de Chanchamayo; y al mayor PNP Jonny James Vargas Onton, comisario de Pichanaqui.
Si bien el documento no los señala como presuntos responsables mediatos, en las carpetas fiscales de la masacre en Puno, policías en sus mismos rangos o similares figuran como las cabezas de los planes operativos que siguieron los escuadrones que controlaron las protestas en el aeropuerto de Juliaca y en las inmediaciones del centro comercial Real Plaza, donde agentes de la policía mataron al menos a 15 personas. Conforme avancen las investigaciones, pueden abrirse casos contra más efectivos del orden, posiblemente miembros del ejército, también presente en el operativo.
Por las muertes ocurridas en Pichanaqui, el equipo especial del Ministerio Público iniciará mañana martes 11 de julio las sesiones de rendición de testimonios de agraviados y heridos. Las declaraciones de los policías comenzarán el lunes 24 de julio.
Protestas y muertes en Junín
El martes 13 de mayo ciudadanos del distrito de Pichanaqui bloquearon el puente que conecta su distrito con el de Perené, en la provincia de Chanchamayo, como protesta contra la presidenta Dina Boluarte y exigieron el adelanto de elecciones generales. Boluarte había asumido el gobierno la semana previa tras la vacancia de Pedro Castillo, quien había dado un golpe de Estado. El puente se ubica en el kilómetro 74 de la carretera Marginal, en Junín. Debajo discurre el río Pichanaqui.
Las muertes ocurrieron tres días después. La madrugada del viernes 16 de diciembre algunos manifestantes, entre veinte y treinta personas, se enfrentaron con bombas molotov a agentes de la PNP. Mientras, miembros del ejército que intentaban liberar la zona en el lado del distrito de Perené. Gery Vásquez, abogada de la familia del adolescente Jonathan Tello, uno de los fallecidos, dijo a esta publicación: “Había efectivos del ejército portando armas de largo alcance [en el lado de Perené]. Los manifestantes respondían con bombas molotov, pero no con armas de fuego. La policía lanzaba gases lacrimógenos”.
Del grupo de militares se habría disparado una ráfaga. Su declaración se condice con la tesis de la fiscalía de que los manifestantes se habrían enfrentado a la policía. También a la población, pues al menos tres personas denunciaron haber sido golpeadas o haber sufrido robos o intento de robos por parte de los manifestantes. En el informe de la fiscalía se señala que una pistola Glock de 9×9 mm sin número de serie fue hallada en la entrada a la Poza de los Enamorados, parte de un balneario cercano a la zona del enfrentamiento.
Las unidades presentes al ingreso del puente, donde se concentraba la protesta, provenían de la Comisaría de Pichanaqui, del Ejército del Perú y de la unidad Sinchis de Mazamari, especializada en lucha contrainsurgente y antidrogas, a pesar de que a la fecha no haya evidencia de presencia de elementos terroristas o del narcotráfico en la protesta.
El primer fallecido fue Jonathan Tello, de 17 años, víctima de un balazo. Le siguieron, unas 12 horas después, Diego Armando Galindo Vizcarra, de 40 años, y Ronaldo Franly Barra Leyva, de 22. Las tres muertes habrían ocurrido en el lado de Pichanaqui.
Para ese momento, en distintas regiones del país, entre ellas Apurímac y Ayacucho, ya habían sido asesinados unos veinte peruanos por el ejército y la Policía Nacional. Por el momento no se ha podido confirmar si los proyectiles que mataron a Tello, Galino y Barra provinieron de armas de la policía o del ejército. Sin embargo, por el contexto, las muertes se condicen con más de treinta otras ocurridas en Huamanga, Andahuaylas y Juliaca. En esos lugares sí se ha establecido que las heridas de los fallecidos son consistentes con proyectiles usados por la PNP y el ejército.
En su disposición, el Equipo Especial de Fiscales para los Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales señaló que los agentes de la policía “habrían hecho uso desproporcionado de arma de fuego letales y no letales” en Junín, como ya han reportado organizaciones de derechos humanos en sus informes para esta y otras regiones del país.
Un total de 52 personas resultaron heridas ese 16 de diciembre en Pichanaqui. Al menos seis de ellas, todos hombres, acabaron impactados por balas. Tampoco se ha podido esclarecer, a la fecha, si estos proyectiles provenían de las fuerzas del orden. Aunque de momento se ha podido conocer que los manifestantes no habrían portado armas de fuego. Al menos ocho policías resultaron heridos, presuntamente por quemaduras, objetos contundentes y armas de fuego, según el informe fiscal.
Declaraciones y testimonios
A partir de este martes 11 de julio, y por 13 días, declararán al menos cincuenta personas por los acontecimientos ocurridos en el puente Pichanaqui. 25 de ellas, agraviados y testigos; la otra mitad, suboficiales, capitanes, mayores, coroneles y un general, presuntamente presentes durante los hechos.
Entre el 7 y el 8 de agosto declararán ante el equipo especial los principales policías investigados por homicidio y genocidio. Ellos son: el general PNP Gregorio Martín Villalón Trillo, quien fuera jefe de la VI Región Policial de Junín; el coronel PNP César Felipe Chávez Navarro, jefe de la División Policial de la provincia de Chanchamayo; y el mayor PNP Jonny James Vargas Onton, comisario de Pichanaqui. La VI Región Policial de Junín es el órgano encargado de los planes y ejecuciones de las actividades policiales en esa región y Huancavelica.
Quienes no figuran en el calendario de declaraciones y testimonios on los seis heridos de bala que el propio equipo especial listó en su informe. Alex Richard Hinostroza, quien recibió un disparo en la rodilla izquierda el 16 de diciembre, solicitó reprogramar la fecha de su declaración. De los otros cinco, sin embargo, no figuran menciones ni pedidos de reprogramaciones en la disposición fiscal. Una fuente con conocimiento de procesos fiscales señaló que los heridos podrían ya haber declarado. O podrían citarlos más adelante, algo que no pudimos confirmar para este artículo. Las diligencias, sostuvo la fuente, tienen cierto grado de flexibilidad.
Contactado por este medio, Hinostroza dijo que, tras cruzar el puente desde Perené, resultó herido desde Pichanaqui, donde había policías y militares armados. No sabe de dónde provino la bala.
Sí dará su testimonio un agraviado por la turba: Giorge Marquina Hinostroza –sobrino de Alex Richard–, vendedor ambulante de comida víctima de los manifestantes. Ellos le arrebataron su carrito de cebiche para usarlo como escudo. También Carlos Chavarría Vilcatoma, quien participó de las protestas.
Inspección en el lugar de los hechos
Este lunes 10 de julio, el equipo especial viene realizando inspecciones en Pichanaqui para reconstruir los hechos de la protesta y las muertes en Junín. Se realizó un recorrido desde el puente hasta la comisaría de Pichanaqui, a unas cuatro cuadras. Durante la diligencia se buscó identificar las zonas donde resultaron heridos y muertos los ciudadanos, así como recabar los videos de cámaras de vigilancia de locales públicos y privados.
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