La Red de Medios Regionales del Perú, en el marco de los 20 años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), conversó con especialistas sobre los avances en materia de derechos humanos y las deficiencias que persisten hasta la fecha en el país.
Tal como lo recuerda Iris Jave Pinedo, politóloga e investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) investigó a profundidad y recogió 17 mil testimonios, culminando hace 20 años un documento que abordó todas las dimensiones del conflicto armado en el Perú y a todos los actores posibles, no solo los armados, sino también los de instituciones sociales, Poder Judicial y medios de comunicación.
Por su parte, Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cuestiona -dado que han pasado 40 años desde lucha armada-, si la justicia es tardía, ¿realmente es justicia?, “porque de por sí, se van vulnerando otros derechos, porque son los familiares quienes tienen que seguir los procesos y prácticamente pierden sus propias vidas tratando de lograrla”.
Y si en efecto, como lo dice Javier Tineo Vargas, presidente del Consejo Regional de Víctimas de la Violencia Política – Ayacucho, pese a las reparaciones a las víctimas estás han sido ínfimas. Y en el camino hubo muchas deficiencias y, pese a que se han dado avances en las leyes y reglamentaciones, no se cumple en la atención que debería darse a los familiares desde los tres niveles de gobierno, según estipulan las normas.
“Hay avances, pero a la hora de implementar las recomendaciones, se tienen deficiencias”
Para Iris Jave las comisiones de la verdad, tanto en el Perú como en el mundo, dejan un conjunto de recomendaciones que en el caso peruano fueron incorporadas en la arquitectura institucional a través del Plan integral de reparaciones, la Comisión multisectorial de alto nivel, el Consejo de reparaciones y, más recientemente, el Consejo de personas desaparecidas. Sin embargo, las víctimas no se sienten ‘reparadas’ aunque se haya invertido más de 300 millones de dólares.
“No existe un reconocimiento de afectación real. Hay una falta de reconocimiento hacia las víctimas directas que en el informe se calculó que eran unas 70 mil, pero en realidad son aproximadamente 200 mil personas las afectadas de distintas formas con la violación de sus derechos humanos”.
Según explica Jave Pinedo, lo que la comisión pudo hacer, lo hizo, pero los gobiernos desde el 2003, ¿cómo se han comportado?, se pregunta. En el caso de las Fuerzas Armadas se recomendó una reforma de los institutos armados, dado que fueron el segundo actor armado perpetrador de la violación de derechos humanos. “Sin embargo, esa reforma no se ha producido. No comprendieron lo que significó ese proceso, ni tampoco en lo que tienen que cambiar para conectar con la democracia”.
En el sector Educación, de forma temprana se acogió la propuesta curricular para enseñar el pasado reciente. Todo se hizo de manera formal, pero ha quedado desdibujado porque los docentes no tienen herramientas para enseñar, no están capacitados y no conocen el tema. “Y en este contexto de terruqueo y negacionismo tienen temor a la hora de abordar un tema tan complejo”, dijo.
“En términos de justicia hemos avanzado. Tenemos a Fujimori y Montesinos presos”
Dador Tozzini señaló respecto a los avances que se han dado desde el informe de la Comisión de la Verdad que, en el campo de la justicia, si bien por la magnitud del conflicto y por el número de víctimas resultaría imposible llevar procesos judiciales donde se puedan tener sentencias, hay un conjunto de casos que se han ido armando, entre cien a 101, como el de Cayara, en el que se han obtenido sentencias.
“Sí hemos avanzado en términos de justicia. Somos el país de la región con un estándar donde ningún sujeto que tiene un proceso por crímenes de lesa humanidad puede ser favorecido por un indulto o ley de indulto. Tenemos a Fujimori y Montesinos presos por violación de derechos humanos y por corruptos”, refirió.
La representante de la CNDDHH, dijo también que cada vez que se intenta liberar a estos sujetos, la sociedad se moviliza. Es decir que, socialmente, sí hay una noción de derechos de justicia de lo que no debe ser. Se pide que se cumpla una sentencia impuesta con garantías judiciales. Se les juzgó con todas las garantías por la vía judicial y mecanismo judicial y el indulto no les corresponde. No son indultables.
Jennie Dador advirtió que faltan reformas institucionales o lo que tendríamos que haber trabajado en nuestra propia cultura de intolerantes, autoritarios. Sigue este estigma y desprecio por quienes fueron las víctimas. “Sigue ese no verlos, ni pensarlos como a nuestros iguales”, lamentó.
“Hay mucho desacuerdo y descontento por las reparaciones hechas”
Tineo Vargas explicó que, a raíz de que mataron a su padre, comenzó a participar en las organizaciones en el tema de las reparaciones a las víctimas. Reconoció que hay avances, pero no se cumple lo que dicen las normas.
“Se percibe el avance en las leyes y reglamentaciones, pero no se aplican, por lo que las familias están en desacuerdo y descontentos con las reparaciones, aunque una vida vale mucho más”.
Según comentó, hay mucha deficiencia. De acuerdo a la ley, se estipula que los tres niveles de gobierno deberían de atender a las víctimas, sin embargo la atención es del gobierno central. Las recomendaciones fueron puestas en gabinete no están más en el campo. “Creo que sí salieron, pero no han recogido todas las expectativas”.
“El río Huallaga es un gran cementerio, allí yacen los desaparecidos”
Iris Jave Pinedo dijo que al territorio del Huallaga, en la región San Martín, se le reconoce como el segundo más afectado por la lucha armada, pero además por el narcotráfico y los grupos subversivos. Se trata de un contexto muy complejo y si se tiene que comparar con el sur, fue muy intenso y muy duro. Las reparaciones económicas en el Huallaga fueron casi al 96 % de la población. Pero son reparaciones ínfimas para la afectación que sufrieron.
“El Huallaga, según reportes de la propia Coordinadora de los DD.HH. en el año 1992, sostenía que había una gran cantidad de personas desaparecidas. Se considera que el río Huallaga es un gran cementerio y un ‘espacio’ de memoria porque contiene los restos de los desaparecidos”.
Sin embargo, no se tiene un espacio simbólico, de recuperación de las víctimas y así, dar cuenta de la reparación a las familias afectadas. Huánuco también está esperando un lugar de memoria. Los propios familiares impulsan algunos procesos, un espacio para rememorar a sus seres queridos, agregó.
“No hemos avanzado en una de las recomendaciones. La ausencia del Estado”
Según contó Jennie Dador, en el marco de los 20 años del informe de la CVR, pudo ver algunas actividades realizadas en el río Huallaga. En términos de justicia ha habido algunas trabas que tienen que ver con la identificación de personas o el registro de violaciones específicas, que se condensan en los desaparecidos. Ahora sabemos que, previamente, a las personas las torturaron y violaron sexualmente.
Explicó que esto tiene que ver un poco con el territorio, la difícil conectividad entre un lugar y otro. Las víctimas no tenían información, no se habían registrado. “Hay zonas donde todavía no se ha avanzado ni se ha profundizado y hay otras formas de crimen organizado que han avanzado en nuestro territorio”, dijo.
“Tampoco hemos avanzado con las recomendaciones más institucionales de la CVR y es la ausencia del Estado. Son grandes territorios donde el Estado no está”.
Se necesitan edificar esas estructuras. El impacto que tuvo la lucha armada se ha profundizado y son otras presencias y otros actores los están por resolver la vida de lo que transcurre en la comunidad, pero no es el Estado, refiró.
“Los familiares de las víctimas siguen estigmatizados”
Javier Tineo aseguró que todavía son estigmatizados y discriminados por otro sector. “Cuando hacemos nuestros reclamos de acuerdo a normativas y otras organizaciones somos discriminados. Mucho más las ‘mamitas’ de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) que tienen puesta la pollera. Los jóvenes podemos paliar ese tema”, lamentó.
Dijo que también en el aspecto laboral no pueden asumir ciertos trabajos como en derechos humanos o temas sociales, porque se les estigmatiza con que tienen problemas psicológicos y que no sabrían cómo resolver ciertos problemas en aspectos laborales.
“Lo hemos palpado como víctimas en la región y a nivel nacional. Hay discriminación hacia las víctimas y muchas veces han sido marginados con que ya han sido reparados y qué más quieren pedir”.
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