De los 11 hallazgos encontrados por la comisión auditora que presidió el CPC Alberto Sotomayor Casas, dos se relacionan con este tema. Una por gastos sin sustento equivalentes a 150 mil soles en el acondicionamiento del edificio del Ministerio Público en Lima hecho por la UNSA. Y otra, por el incremento injustificado en gastos de manos de obra durante los trabajos de reparación de edificios dañados por el terremoto de junio de 2001, que suman cerca de 170 mil nuevos soles.
Negocios con Blanca Nélida
El 4 de marzo de 1999, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) se encontraba bajo el rectorado interino de Rolando Cornejo Cuervo. Él resultó electo oficialmente en mayo del mismo año. En esta fecha, se firmó un contrato con el Ministerio Público dirigido por Blanca Nélida Colán, con el fin de efectuar el “Acondicionamiento de la Nueva Sede Central del Ministerio Público”, ubicada en los edificios del Jirón Antonio Miró Quesada números 549 y 529, esquina con la avenida Abancay, en Lima.
La suma pactada era de 2 millones 743 mil 234 soles. Incluyendo el IGV, según el presupuesto presentado por la UNSA que obtendría una utilidad de 193 mil 731 nuevos soles.
Las relaciones amicales entre la Universidad y el gobierno de entonces atravesaban su mejor momento. Un año antes, estando de rector Juan Manuel Guillén y de vicerrector académico, Rolando Cornejo, la UNSA le otorgó a doña Blanca Nélida su máxima condecoración, el doctorado Honoris Causa.
En abril del 99, la entonces poderosa fiscal fue objeto de sendos homenajes en el Municipio Provincial y en la propia UNSA. El Ministerio Público aceptó la oferta de la universidad para acondicionar su sede central en Lima, sin convocar proceso de concurso o licitación alguna.
Las obras que consistían en reparaciones e instalación de aire acondicionado debían concluirse en julio, pero se extendieron hasta marzo del año 2000. Por eso el Ministerio Público aceptó una ampliación del contrato hasta por 3 millones 253 mil nuevos soles. Supuestamente, subió la utilidad proyectada a 330 mil soles, en beneficio de la UNSA.
Sin embargo, según la Oficina de Planificación, por las promesas incumplidas del Ministerio Público, el contrato de servicios terminó con un balance favorable de 205 mil 197 soles. La suma incluye un supuesto pago pendiente de 96 mil 300 soles, que reclaman al MP por gastos adicionales. Pero éste no los reconoce ni ha efectuado pago alguno hasta la fecha.
Para el Ministerio Público, en cambio, según la Resolución de la Gerencia Ejecutiva de Proyectos, la Liquidación Final del Contrato de Servicios 08-99-AD tiene un saldo a favor del contratista (la UNSA) de sólo nueve mil veintiún soles. Es decir, el negocio redondo se habría diluido en viáticos y otros pagos.
La diferencia en la liquidación que efectúan ambas instituciones se debería a que la UNSA ha considerado como utilidad la devolución de materiales. Además, un reclamo de gastos adicionales que el MP nunca reconoció.
Por otro lado, el examen de Contraloría determinó que, en la ejecución de este contrato, se ha efectuado y cargado gastos por viáticos, servicios y otros por la suma de 150 mil 856 soles que carecen de la documentación sustentatoria, que respalde la necesidad técnica de su desembolso.
Construyendo pérdidas en la UNSA
Por otra parte, de la revisión selectiva (sólo tres pabellones a modo de ejemplo) las liquidaciones de los trabajos de rehabilitación, reforzamiento y rigidización de los pabellones de la UNSA dañados por el terremoto, no corresponden. Se llegó a esa conclusión tras el análisis efectuado a la cantidad de horas hombre necesarias para ejecutar los trabajos de demoliciones, obras de reforzamiento, desmontaje y montaje de carpintería, pisos y pavimentos, vidrios, carpintería de madera y pintura.
Efectuada la comparación con documentos sustentatorios de liquidación de gastos, se concluyó que se cargaron gastos de mano de obra por 391 mil 151 soles. Este monto excede lo requerido en 144 mil 385 soles.
También se reportan desembolsos efectuados por gastos generales que ascienden a la suma de 64 mil 967 soles. Estos carecen del correspondiente sustento técnico por cuanto no cuentan con la documentación que respalde los gastos ni la necesidad de efectuarlos. Según el informe confidencial, esto se debe a la intencionalidad de abonar gastos para la ejecución de la obra, pese a que no estaban contemplados en el expediente técnico.
Es importante recalcar que éstas sumas se extrajeron de sólo 3 edificios, cuando en la UNSA se repararon cerca de 15 pabellones, siempre por vía de administración directa.
¿Qué se esconde?
Según documentos a los que El Búho tuvo acceso, debido a diversas irregularidades que se habrían cometido en la Oficina de Planificación a cargo de Delford Sarmiento desde 1989, tres ingenieros civiles que se han venido desempeñando como residentes de obra desde 1987, fueron abruptamente separados de sus puestos en diciembre del año pasado, por negarse a avalar expedientes técnicos que consideraron irregulares.
Uno de ellos, Renato Díaz Galdós fue precisamente el ingeniero residente de obra. Fue responsable de la Dirección Técnica de la obra que se ejecutó en el Ministerio Público.
Tras haber laborado en esta oficina por más de 13 años, su contrato fue rescindido. Hoy ha sido enviado al área de Medicina a efectuar labores administrativas auxiliares. Según él, en represalia por “no haber aceptado imposiciones no técnicas por parte del jefe de la Oficina Universitaria de Planificación, Delford Sarmiento Pinto. Algunas de ellas han sido observadas por Contraloría”.
Lo sorprendente del caso es que, precisamente en diciembre, la Comisión Auditora se encontraba en la UNSA solicitando documentos sustentarios. Algunos de estos no se presentaron por esta oficina. Entre ellos las razones de la demolición del Instituto de Salud del Adolescente (El Búho 110).
En la misma condición se encuentran los ingenieros Carlos Enrique Soto Malca y Elmer Vicente Luque Fuentes. Ellos manifiestan en documentos oficiales que se toman actos en su contra desde diciembre pasado por “haberse negado a cohonestar actos técnicos administrativos que les quisieron ser impuestos”.
Descargos
Durante su solitaria alocución realizada el miércoles pasado, el rector Rolando Cornejo no ha mencionado nada de lo que se consigna en el presente informe. Por eso, cabe esperar el pronunciamiento de los órganos fiscalizadores respecto a estas situaciones contenidas en una sola denuncia, formulada en su momento por el congresista Arturo Valderrama Chávez. En Contraloría no supieron dar razón de las otras 1707 denuncias que, según la autoridad, se han hecho contra su gestión y contra la universidad.
Texto: Unidad de Investigación | Publicado en Semanario El Búho No. 111 – 05 de septiembre de 2003
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