La Fiscalía de Lavado de Activos que tiene dos de las grandes investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte por presunto lavado de activos, organización criminal y aportes no declarados redujo su personal operativo de 20 a 4 profesionales tras catorce renuncias sorpresivas.
De acuerdo a lo informado por el fiscal Richard Rojas Gómez, que encabeza este despacho, envió oficios desde febrero, solicitando “se mejoren los sueldos de los asistentes, como se ha hecho en otros despachos”, pero estas solicitudes tienen su trámite suspendido hasta ahora en la Oficina de Programación de la institución que dirige la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El fiscal Ángel Astocondor, quien tiene a su cargo estas investigaciones por los delitos de lavado de activos y organización criminal, dijo que se refieren una, a los aportes a Perú Libre que implican a Vladimir Cerrón, Dina Boluarte y otros integrantes del partido. Y la otra, a las denuncias por aportes sin declarar a Dina Boluarte en la última campaña presidencial y al expresidente Castillo.
Este último caso es por la entrega de 800.000 soles que afirma entregó Henry Shimabukuro a Boluarte Zegarra para su postulación. También por “los 150.000 soles del empresario de conservas Edu Beltrán. Y el suministro de combustible para los vehículos de campaña por parte del empresario Edwin Pinedo, quien aceptó haberse reunido con la entonces candidata”.
De 20 personas operativas han quedado solo 4
Astocóndor Villalobos dijo que se ha quedado sin personal operativo para trabajar al haberse quedado con solo 4 profesionales de 20 que habían. Esto, porque “el área administrativa del Ministerio Público aún no autoriza la contratación correspondiente para que continúen con su labor”. Los últimos requerimientos para que esas 14 personas siguieran apoyando se realizaron entre el 21 de agosto y el 9 de setiembre último.
Los renunciantes eran asistentes y se encargaban de atender los pedidos de los abogados y la redacción de resoluciones. También se encargaban de las transcripciones y manejos de todo el software con los miles de folios procesados. “El equipo había logrado avances significativos”, dijo Astocóndor a Cuarto poder.
Por su parte, el fiscal Richard Rojas explicó, “debe tenerse en cuenta que este despacho fiscal cuenta únicamente con 3 personales administrativos bajo el régimen CAS [contrato administrativo de servicios]”. Refirió Rojas Gómez a la Fiscalía Superior de Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, a través de un escrito.
Según el oficio enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde el área administrativa de esa fiscalía superior de coordinación nacional dijeron que, no hay presupuesto. Y que por ese supuesto motivo “no existe fecha cierta para emisión de las órdenes de servicio solicitadas”.
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