El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda competencial que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta acción legal busca invalidar las investigaciones que la JNJ ha llevado a cabo en su contra. Al respecto, advierten que se pretende afectar la autonomía de la JNJ en su tarea de investigar a jueces y fiscales.
Las investigaciones que abarcan tres resoluciones (nro. 072-2023-JNJ y la 403-2023-JNJ, ambas acumuladas en la resolución 6) y todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones preliminares contra la fiscal Patricia Benavides, corren el riesgo de ser archivadas. Así lo advirtió la JNJ en una reciente audiencia pública celebrada en la sede del Tribunal Constitucional en Arequipa.
Los miembros del TC deberán analizar los argumentos que el último 2 de noviembre expusieron Aníbal Quiroga, abogado de la fiscal de la Nación; Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ; y Samuel Abad, abogado de la JNJ.
Audiencia en Arequipa
Durante la diligencia, el abogado Aníbal Quiroga sostuvo que el objetivo de la demanda es anular las investigaciones realizadas por la JNJ en contra de Benavides. Cuestionó si la JNJ tiene la competencia para verificar cuestiones de gestión y administración interna del Ministerio Público (MP). Argumentó que la función de la JNJ es velar porque el MP cumpla su “función jurisdiccional”.
El letrado solicitó al TC que declare que la JNJ carece de la competencia para evaluar los actos de administración interna o gestión de la fiscal de la Nación. También planteó cuestionamientos sobre la continuidad en el cargo de la integrante de la JNJ, Inés Tello, debido a su edad. La razón, explica, es que la magistrada supera los 75 años para seguir integrando el organismo. Además, se refirió a la supuesta imparcialidad y opinión negativa del vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, en relación a Patricia Benavides.
Por su parte, Aldo Vásquez señaló que se presentaron 38 denuncias contra la fiscal de la Nación, de las cuales 19 están archivadas y desestimadas. Aún se estaban evaluando otras denuncias cuando se dictó una medida cautelar que suspendió su procesamiento. Actualmente, cuatro denuncias han dado lugar a dos investigaciones preliminares contra Patricia Benavides. Vásquez también aclaró que la normativa exige que la JNJ califique las denuncias que reciben antes de iniciar —si lo amerita— una investigación preliminar.
Impunidad
Por otro lado, Samuel Abad, abogado de la JNJ, enfatizó que la demanda busca no solo poner fin a las investigaciones sobre la fiscal de la Nación, sino también limitar las competencias de la JNJ en otros casos, como aquellos en los que un juez o fiscal contrata a un familiar.
“Con esta nulidad, lo que se busca es proteger a una persona en concreto. Acá hay una dimensión individual (…) Acá lo que realmente hay es que ‘no se investigue a la fiscal de la Nación porque sus actos de gestión no pueden ser investigados por la JNJ’. Esto es casi a un amparo (…) La Fiscalía y la fiscal de la Nación no puede alegar impunidad disciplinaria”
Samuel Abad, abogado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En la ronda de preguntas, la magistrada Luz Pacheco consultó a Aníbal Quiroga si la nulidad que piden busca la “impunidad” de Patricia Benavides. A lo que el defensor del Ministerio Público respondió: “es una absoluta falsedad”. Aclaró que el cuestionamiento no es contra la JNJ, sino contra dos de sus integrantes.
Persecución política a Patricia Benavides
Durante y después de la audiencia, el abogado del Ministerio Público habló sobre una persecución política a Patricia Benavides por parte de la JNJ. “No es razonable que en un año un fiscal de la Nación tenga más de 32 denuncias (…) Es posible pensar en un rebote político de la JNJ respecto a la actuación de la doctora Benavides”, manifestó.
En respuesta a tal aseveración, Samuel Abad respondió: “Acá se ha dicho que hay una persecución política, eso es falso. Lamentable la defensa de la fiscal ha pretendido politizar el asunto. Ha dicho que se está tratando de buscar una sanción a la fiscal cuando eso no es así”
defensa de la JNJ
Tras escuchar los alegatos, los seis magistrados del TC someterán este proceso de conflicto competencial (expediente N° 00004-2023-CC/TC) a votación. Según el Código Procesal Constitucional, tienen un plazo de 30 días para emitir un veredicto, aunque la complejidad del caso podría extender ese periodo.
Este tribunal está integrado por los magistrados Francisco Morales Saravia (presidente del TC), Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.
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