Luego que Patricia Benavides fuera suspendida en el cargo de Fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia, una campaña desinformadora se ha desatado en Lima. El objetivo de este psicosocial es recuperar el control del Ministerio Público eliminando la presencia del fiscal supremo Pablo Sánchez y acallar a IDL Reporteros.
De paso, la campaña busca amedrentar o descalificar a la persona de Gustavo Gorriti, el periodista que estuvo detrás de los destapes más importantes que han afectado a los sectores que hoy tienen mayoría en el Congreso y buscan controlar todas las instituciones a fin de conservar el poder. Los constantes ataques de grupos violentos como “La Resistencia” y la campaña en redes sociales a través de granjas de trolls, busca opacar su labor. Una labor que ha merecido los premios más importantes a nivel mundial y latinoamericano al periodismo de investigación. Un lujo que, sin embargo, las mafias en el Perú no pueden tolerar.
Los desinformadores manipulan de manera grosera un hecho ocurrido en el 2018 que buscaba evitar la difusión de los audios del caso “Cuellos Blancos”. A través de tergiversación de los hechos, buscan inculpar al periodista Gorriti y al fiscal Sánchez. Y lo hacen a través del aparato mediático desinformador que integran los medios Willax, Espreso y La Razón.
IDL Reporteros hace un recuento de lo ocurrido y pone al descubierto la falsedad de este entramado. Por la importancia de estos hechos, reproducimos a continuación el artículo “Desinformación y desvergüenza” publicado por este medio este sábado.
DESINFORMACIÓN Y DESVERGÜENZA (IDL reporteros)
Como muchos de ustedes saben, Willax Televisión, ese relleno sanitario de difamación y mentiras, en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños, como Expreso y La Razón, entre otros, ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL-Reporteros y su director, Gustavo Gorriti.
Las campañas, con un guión virtualmente similar entre sí, han arreciado, con un desfachatado divorcio de la realidad, luego de la suspensión de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, en medio de las escandalosas revelaciones por el caso Valquiria.
Las mentiras, aunque repetidas en cadena por histéricos desinformadores, fueron tan burdas y torpes que no exigieron mayor esfuerzo para que IDL-R se las reviente en la cara. ( Ver, por ejemplo, ‘Los desagües de la desinformación’).
Pero eso no escarmentó a esa corte de los milagros del hamponaje informativo. Y volvió, con la ayuda sincronizada de abogansters y el elenco estable de la contaminación informativa, a lanzar una campaña más en los últimos días. La más descabellada de todas, batuteada por dos de los patéticos personajes de Willax: Phillip Butters y Milagros Leiva, partía de la siguiente premisa: que Gustavo Gorriti, director de IDL-R, ejerce una gran influencia, un poder desmesurado sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez… desde los tiempos (2018, para precisar) en los que este era fiscal de la nación.
¿Cómo así tal influencia? Por, según los desinformadores, la intervención de un fiscal en IDL-R en julio de 2018. El fiscal se llama Rodrigo Álvaro Rurush y llegó inopinadamente al local de IDL e IDL-Reporteros en la mañana del 10 de julio de 2018, acompañado por cuatro policías, para llevar a cabo una diligencia de “exhibición e incautación” de la información que IDL-R publicaba desde unos días atrás.
Según los desinformadores, Gorriti llamó a Pablo Sánchez para exigirle que se suspenda la diligencia. Y éste habló con el fiscal Rurush y lo conminó a interrumpir de inmediato la diligencia o, sino, “aténgase a las consecuencias”.
¡Habráse visto!
El problema, para los difamadores es que, sí, que todo fue visto, que todo acaeció, virtualmente en vivo, a la vista del público, que supo desde el comienzo qué pasaba, lo que estaba en juego y reaccionó en consecuencia.
Han pasado cinco años y medio desde entonces, pero los hechos permanecen claros y documentados, con fuerza propia para reventar los gases de la desinformación. De manera tal que no solo sirven para revelar la verdad de los hechos de ese tiempo, sino la verdad de los hechos de hoy.
Vamos, de una vez, de la manera más directa posible, a exponer lo que se supo entonces y se tiene que saber hoy.
¿Qué pasó en julio de 2018?
En la madrugada del sábado 7 de julio de 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación que, sabía, iba a tener un impacto resonante en el país. La serie se llamó “Corte y corrupción”, y luego pasó a conocerse también como el caso “Cuellos Blancos”, el “Lava Juez”, entre otros.
El material que llegó a IDL-R constaba de conversaciones telefónicas interceptadas en forma legal, que, a través de cientos, de miles de diálogos telefónicos, describían la cartografía de una corrupción judicial, fiscal y regulatoria, que abarcaba desde juzgados y fiscalías hasta la Corte Suprema y Fiscalías Supremas, además del entonces principal organismo regulador del sistema, el Consejo Nacional de la Magistratura.
Publicamos una fuerte cantidad de diálogos reveladores el sábado y varios otros más el domingo. Ese día, “la fuerza explosiva del caso” (citamos en parte lo que escribimos entonces en IDL-R) ya había capturado la opinión pública a través de la muy justificada “indignación generalizada de la gente”.
Junto con la intensa movilización moral ciudadana, IDL-R conocía que había varios grupos poderosos, comprometidos y asustados por las revelaciones, que iban a hacer lo posible por abortar la investigación en sus inicios.
Y esta publicación sabía que esos intentos iban a provenir de fiscales, jueces y políticos corruptos, dispuestos a hacer casi lo que fuera por prevenir su desgracia. Es decir, por evitar que sus fechorías salieran a la luz.
Y así fue.
El martes 10 de julio por la mañana, un fiscal acompañado por cuatro policías llegó inopinadamente a las oficinas de IDL e IDL-R.
En ese momento, no se encontraban ni la jefa de redacción de IDL-R, Romina Mella, ni Gustavo Gorriti.
Minutos después ambos fueron informados por teléfono de que el fiscal, llamado Rodrigo Rurush, había llegado para incautar el material informativo de la recién desencadenada investigación sobre los CNM audios.
Tanto Romina Mella, como Gorriti, se dirigieron de inmediato a las oficinas de IDL-R. Mella llegó primero, Gorriti después.
En el camino, quedó confirmado, como se verá el propósito de incautación. Eso significaba una escandalosa y del todo ilegal agresión a la libertad de prensa y el periodismo de investigación.
Entonces, según publicó Gorriti el jueves 12, en su columna semanal en Caretas, ante la emergencia, “en el camino telefoneé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía él reaccionó con enojo y rechazo. […] A la vez, mis colegas de IDL-R contactaron a los medios de prensa que llegaron rápidamente a IDL”.
Lo que siguió en IDL-R fue una áspera confrontación con el fiscal Rurush, que intentó, según escribió Gorriti, “ explicarnos (a mí, a Romina Mella, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta), que la palabra ‘incautación’ representaba realmente un pedido de colaboración. Mencionó un artículo de procedimiento legal. Se lo pedí y aunque el texto no era un modelo de claridad, decía algo muy diferente a lo que sostenía Rurush. Le dije que haber llegado de improviso, con cuatro policías y la palabra incautación por delante, era un comportamiento intimidatorio e implícitamente coercitivo. Negó que fuera el caso y afirmó que buscaba nuestra colaboración informativa”.
Y entonces saltó la liebre.
IDL-R pidió a Rurush que mostrara el documento, la disposición fiscal “que respaldaba su acción”.
Ahí vino la sorpresa. “No tenía ningún documento, ninguna orden o disposición. Abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta donde constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga. Y ahí terminó la anécdota del fiscal informal y los cuatro policías”.
En un comunicado reciente el exfiscal de la nación, Pablo Sánchez recuerda así su intervención:
“Si en esa oportunidad me comuniqué con fiscal [Rurush] fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamientos a la institución. Si revisamos las opiniones de conocidos abogados en esas fechas, todos coincidían en que se había producido una diligencia vulneratoria de derechos. No podía la institución dejar pasar algo así”.
La intervención había sido un acto ilegal. Su propósito fue obtener, por bluff o intimidación, toda o parte de la investigación no publicada. No lo logró, pero lo intentó.
Por fortuna, toda la diligencia quedó registrada en vídeo, grabado por uno de los policías. Tiempo después, Perú21 consiguió y publicó el video del incidente. El diario hizo un esfuerzo adicional y le puso subtítulos a lo hablado. Quienes quieran verlo pueden hacerlo aquí.
Y si prefieren el lenguaje inequívoco de los fotogramas subtitulados, aquí está una secuencia breve de lo que pasó.
Aquí ya reconoce que no tiene nada y lo único que busca es salir cuanto antes del IDL.
El incidente de la diligencia trucha del fiscal Rurush, apenas marcó el comienzo de los ataques a IDL-R y a la trascendental investigación que empezaba a publicarse.
Al terminar su abortada diligencia, Rurush reconoció que cumplía órdenes de su jefa, la fiscal Norah Córdova, cuyo esposo, César Serrano, aparecería luego vinculado con la trama de corrupción que IDL-R puso al descubierto. Poco después publicamos un audio en el que Serrano, entonces vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura, coordinaba acciones con el entonces juez supremo César Hinostroza.
Y, casi de inmediato, se sumaron otras presiones y amenazas.
Al día siguiente de la diligencia trucha de Rurush, miércoles 11 de julio, continuó la arremetida contra IDL-R. La comisión de Fiscalización del Congreso citó a Gustavo Gorriti y a Rosana Cueva, entonces directora de Panorama, para que revelaran sus fuentes sobre el caso ‘Cuellos Blancos’.
Así de descarado.
Ambos respondieron que no asistirían y que menos, mucho menos, violarían el principio periodístico de resguardar la reserva de fuente. Era claro que lo que movilizaba a la mayoría fujimorista de entonces era el instinto de supervivencia y su sentimiento de urgencia para evitar que el caso avance; que los llevó a ese intento tardío de control de daños.
Un día después del intento de presión del Congreso, el jueves 12 de julio, el entonces fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza envió un oficio a IDL-R en el que conminaba en forma amenazante a entregar el material de la investigación y a revelar las fuentes bajo riesgo de incurrir en el delito de “desobediencia a la autoridad”, en caso nos negáramos a ello. Gorriti respondió a través de una carta abierta que bajo ninguna circunstancia o escenario, IDL-R y sus periodistas dejarán de defender el principio sagrado de la reserva de fuentes confidenciales.
Poco días después de esta amenaza, IDL-R reveló un audio en el que Rodríguez Monteza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, aparecía conversando con el empresario Mario Mendoza. Meses después, dos colaboradores eficaces revelaron cómo Rodríguez alertó a la red de Walter Ríos y César Hinostroza que sus comunicaciones habían sido interceptadas como parte de la investigación fiscal ‘Cuellos Blancos’. Al final, Rodríguez Monteza fue destituido por la Junta Nacional de Justicia por su vinculación con la red de corrupción.
CONSECUENCIAS, RESULTADOS
Las investigaciones de los casos Lava Jato y Lava Juez/CNM audios se desarrollaron en forma concomitante. Fueron, sin duda alguna, las investigaciones más importantes de esa década y probablemente en lo que va del siglo.
Los intentos de ataque y represalia a ambas investigaciones fueron frenados en gran parte por la movilización de una ciudadanía indignada. Que salió a defender su derecho de tratar de vivir en una sociedad limpia.
La solidaridad incluyó a muchísima gente de bien aunque, inevitablemente, a oportunistas y gente sin principios ni bandera.
La diligencia trucha de Rurush atrajo, entre otros mensajes críticos al fiscal, los siguientes.
Usted los conoce, ¿verdad? Ahora los conoce un poco más.
IDL-Reporteros puso en acción sus mayores esfuerzos, sus mejores energías en el avance de ambas investigaciones … y en la defensa frente a los contraataques que se intensificaron sobre todo desde 2018.
En ese contexto, los premios y reconocimientos, nacionales e internacionales reflejaron en buena medida los alcances de las investigaciones y los avances logrados.
IDL-Reporteros ganó, en 2018 y 2019 los siguientes premios importantes.
En noviembre de 2018, IDL-Reporteros recibió el Gran Premio Nacional de Periodismo por la investigación del caso ‘Cuellos Blancos’. Un mes después, recibió una distinción de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por su contribución con el develamiento de la corrupción del sistema de justicia.
Y, el 28 de setiembre de 2019, IDL-Reporteros fue galardonado, en Hamburgo, Alemania, con el Global Shining Light Award. Este es el gran premio mundial que otorga el Global Investigative Journalism Network (GIJN) a la mejor investigación periodística de ese año en el mundo.
Nos llenó de orgullo y de humildad.
Y nos llegaron felicitaciones de varias partes. La mayoría recibidas con gratitud.
Otras, no tanto.
Como esta.
