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San Marcos: otro aniversario de violencia e impunidad desde que Dina Boluarte asumió el gobierno

“Se está llevando un proceso penal en la Fiscalía en contra de las personas que fueron arbitrariamente detenidas por un presunto delito de usurpación agravada. La actitud de los miembros de los asistentes en función Fiscal y hasta del mismo procurador de la universidad: ha sido despectiva", Efraim Sullca, abogado de los ciudadanos de Puno detenidos en San Marcos hace un año.

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Hace exactamente un año, después de las trágicas consecuencias de la represión policial y militar en distintas regiones del Perú, que acabaron masacrando a decenas de ciudadanos, incluso menores de edad, despertábamos con otra acción violenta ordenada por el régimen de Dina Boluarte.

El sábado 21 de enero de 2023, las redes sociales y los noticieros matutinos difundieron la desafortunada noticia que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue intervenida por al menos 300 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Lejos de tratarse de alguna organización criminal transnacional, se trataba de estudiantes y ciudadanos indefensos que pasaban la noche en el campus.

Pese a que incluso la universidad tenía los accesos disponibles para que cualquier civil ingrese, previa identificación, circularon a nivel nacional imágenes de cómo una tanqueta de la PNP (vehículo multipropósito TE-10415) irrumpía por la fuerza al campus por la puerta 3, destruyendo incluso las paredes que soportaban este acceso. Sobre la reja destruida sólo pendía una débil tela que decía “No matarás ni con hambre ni con balas”, la cual arrollaron los neumáticos del vehículo blindado.

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Vicente Romero, Ministro del Interior de enero a noviembre de 2023, dijo que se enteró de la intervención policial en San Marcos por televisión.
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El ministro del Interior de aquellas fechas, Vicente Romero, intentó deslindar su responsabilidad en la intervención policial. Romero aseguró que se enteró de la desproporcionada intervención policial en San Marcos por televisión. También descartó que dicho operativo haya tenido ordenado desde el Ejecutivo:

“Esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”

Declaró Vicente Romero al medio Exitosa.

La casa de estudios más antigua de América, se vio sumida en la controversia por la violencia ejercida por los agentes de la Policía en esa intervención, que quedó registrada por distintos medios, tanto alternativos como de la propia prensa aliada al régimen.

La Policía realizó este operativo con supuesta autorización de la actual y cuestionada rectora de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner. Ese despliegue dejó a la comunidad universitaria y a la opinión pública consternadas, no solo por la fuerza desproporcionada contra la infraestructura, sino también por la intervención de ciudadanos. Circularon a nivel nacional escenas de cómo agentes mujeres maltrataban, humillaban e insultaban a madres y adultos mayores enmarrocados que yacían reducidos en el suelo.

Además los estudiantes residentes en la universidad, especialmente las mujeres, fueron expuestas en su intimidad y algunas denunciaron hasta tocamientos indebidos. Todos pasaron a ser investigados por terrorismo.

Abogado de detenidos en San Marcos denuncia acoso judicial y discriminación

Efraim Sullca Quispe, abogado de 20 ciudadanos de Puno detenidos en San Marcos y director del Comité de Defensa Legal del Sur, asegura que sus defendidos vienen siendo víctimas de acoso judicial. 

“Se está llevando un proceso penal en la Fiscalía en contra de las personas que fueron arbitrariamente detenidas por un presunto delito de usurpación agravada. Este proceso a un año de este lamentable acontecimiento [intervención policial en San Marcos] lo que hace es poner en juicio si es que es legal o ilegal una protesta. Nosotros tenemos en consideración que es un derecho constitucional amparado en diferentes dispositivos legales civiles y penales”

Efraim Sullca Quispe, abogado del Comité de Defensa Legal del Sur.

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Efraím Sullca contó para El Búho.pe que sus defendidos están siguiendo otra diligencia en la Fiscalía de Derechos Humanos por abuso de autoridad y tortura contra quienes resulten responsables, política y policialmente. Sin embargo, señaló que ese proceso interpuesto por las víctimas no avanza.

Además, comentó que fueron victimas de discriminación y maltratos incluso en la reconstrucción de los hechos por parte de funcionarios actuales de la UNMSM:

“La actitud de los miembros de los asistentes en función Fiscal y hasta del mismo procurador de la Universidad: ha sido despectiva. Ni bien se terminó la diligencia [de reconstrucción] a las 6:00 de la tarde salió el procurador de la universidad a decir ‘retirame a esas personas que no están autorizadas para ingresar a la universidad’”

Efraim Sullca, abogado de los ciudadanos de Puno detenidos en San Marcos hace un año.

Ataques por agentes policiales a reporteros de Puno en Lima

En medio de la intervención policial a San Marcos, periodistas tambien resultaron agredidos. La Asociación Nacional de Periodistas registró varios ataques a periodistas de Puno. Entre ellos estuvieron Paty Condori, Percy Pampamallco, César Huasaca y Elar Flores.

Tan solo dos días después, en enero del año pasado, otro reporte de la ANP da cuenta de otro ataque en la capital contra periodistas regionales, también de mano de policías.

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Imagenes de la irrupción policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la detención arbitraria de ciudadanos.

Por la noche, Nélida Maquera y Julio César Jara se encontraban transmitiendo en vivo la liberación de un grupo de personas detenidas que eran subidas al bus de la Policía para ser llevados a la División de Asuntos Sociales. Maquera y Jara estaban detrás del cordón policial cuando, repentinamente, los efectivos empujan con sus escudos a los periodistas, impidiéndoles continuar con su trabajo, generando incluso el destrozo de objetos personales de la reportera.

El 23 de enero, Nélida Maquera y Julio César vuelven a ser víctimas de otra agresión. Una cuenta falsa en twitter, identificada como Global News 24 (@PKN2056), realizó una publicación estigmatizando a los periodistas de Puno.  El tuit los señalaba como “seudo periodistas” y que estaban “financiados por ‘Los hermanos Aimaras’ de Evo Morales” realizando “operaciones de sabotaje en la sede de la DIRCOTE”. La publicación también señala “Nélida Maquera y Julio César Jara, soldados de Bolivia en Perú”.

En el caso de Jara, Amnistía Internacional informó el trato diferenciado y sesgo racista que realizaron los policías contra el periodista.

“Julio César Jara, director del medio local Planeta TV, viajó a Lima, donde agentes policiales le golpearon mientras grababa la liberación de personas detenidas […], a pesar de traer puesto su chaleco de prensa. ‘La policía donde te encuentra te mentan la madre. Te recuerdan que eres indígena con las palabras que utilizan: te vamos a matar si no te retiras’”

Registro de Amnistía Intencionalidad con declaraciones de Julio César Jara.

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Conversamos con algunos de los periodistas y comunicadores que reportaron estas agresiones de las que fueron víctimas. Algunos comentan que tuvieron que huir de Lima por aquellas fechas porque se sentían perseguidos después de los ataques que recibieron. La mayoría de ellos solo asentaron el reporte en la Asociación Nacional de Periodistas y no realizaron la denuncia policial o fiscal debido a lo desprotegidos que se sienten hasta ahora.

Otros periodistas de Puno agraviados en Lima, en la toma policial de San Marcos, siguen el caso bajo el cargo de abuso de autoridad contra los efectivos que resulten responsables.

Autor

  • Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.

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