Comunidades indígenas de la Amazonía peruana esperan la confirmación de derechos al río Marañón. Como se recuerda esto fue dictado por el Juzgado Mixto-Nauta I el pasado mes de marzo. La iniciativa había sido impulsada por la Federación Huaynakana Kamatahura Kana en defensa del río que ha padecido derrames de petróleo que afectaron al entorno natural y salud humana.
Sin embargo, el fallo fue apelado por varias entidades públicas, razón por la que realizó una última audiencia el 9 de mayo. En ella, integrantes de la federación indígena citada sustentaron, nuevamente, los derechos que le asisten al río Marañón. Tras su presentación, se espera el fallo que podría ratificar a este río andino-amazónico como sujeto de derechos.
Como se recuerda, la demanda interpuesta para que se reconozca al río Marañón como persona jurídica fue presentada el 8 de setiembre del 2021. La apelación fue presentada contra Petroperú, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, entre otras entidades.
La iniciativa contó con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), International Rivers y el Earth Law Center. Para tener más luces sobre el asunto, Inforegión entrevistó a Maritza Quispe, abogada del IDL, entidad que respalda la iniciativa. Además, nos contactamos con Mari Luz Canaquiri, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahura Kana. 
Lucha por garantizar derechos al Marañón
En fallo de marzo pasado se reconoció al río Marañón y sus afluentes el derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable. A ello se añade brindar un ecosistema sano, a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, a la conservación, a restaurarse y a la protección. La noticia marcó un hito nacional, pues es el primer caso en el país.
En Latinoamérica, solo Colombia tiene un caso similar. Ante el fallo, varias entidades públicas apelaron. Estas fueron Petroperú, la Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, y el Ministerio del Ambiente.
“El argumento principal de esas entidades es que a través de un proceso constitucional de amparo no se puede reconocer derechos a un río”, refirió la abogada de IDL. Añadió, que también alegaron que la Constitución solo reconoce como titular derecho a la persona, no a un río.
Ante ello, Quispe dijo que “el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se trata de violaciones de derechos fundamentales de pueblos indígenas se deberá entender que el proceso constitucional de amparo es la vía idónea para tutelar sus derechos”.
Precisó que, en este caso, pueblos indígenas exigen la restitución de derechos vulnerados. Entre ellos, tener un ambiente sano, gozar de buena salud; es decir, aquellos que tuvieron impacto por derrames de petróleo al río. 
“Defender al río es defender nuestras vidas”
En tanto, la presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahura Kana nos dijo que espera la decisión de la justicia con optimismo. “Teniendo la mente positiva, esperaría que nos den la razón. Esto no es una demanda cualquiera.
Esta es una demanda muy importante que se basa en la vida”, consideró. Sus palabras revelan que en este proceso legal se juegan muchas cosas vitales. “Defender nuestros ríos es defender nuestro territorio. Es defender nuestras propias vidas y la de nuestros hijos, porque vivimos gracias a esta naturaleza”, dijo.
“El río Marañón es sagrado para el pueblo. Nosotros lo consideramos como un padre que nos da vida”, resaltó. Luego, lamentó los daños que los derrames de petróleo ocasionaron en el río Marañón. La insuficiente atención que han merecido lo atribuyó al “olvido inmenso” en que se hayan sumido los pueblos amazónicos de parte de autoridades responsables.
Dos escenarios
Según lo que dicte la Corte Superior de Justicia de Loreto, se avizoran dos escenarios, nos dijo Quispe. El primero es que se reconozca la sentencia que consagra derechos al río Marañón.
Esto “abriría las puertas para que en otros juzgados también protejan a los ríos o a la naturaleza como sujeto de derecho. Yo creo que estamos en un contexto donde es necesaria esta protección”. El segundo escenario es que no se reconozcan estos derechos. Ante ello dijo que hay mecanismos constitucionales para acudir al Tribunal Constitucional (TC).
“Podemos interponer un recurso de agravio constitucional y que ese proceso sea elevado en última instancia para que los magistrados del TC sean los que en última instancia resuelvan este caso”, acotó.
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