El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) rechazó “todas las pretensiones del demandante” minera Cerro Verde presentada por sus socios en la explotación, Freeport y Sumitomo en el 2020 por supuestos incumplimientos de contrato.
El litigio se inició ante el CIADI en marzo del 2020 “por los supuestos incumplimientos del contrato de estabilidad de 1998 y del TLC entre Perú y Estados Unidos, los cuales le habrían ocasionado daños monetarios por US$ 909 millones”.
La información recogida por El Comercio, la dio a conocer el estudio Navarro & Pazos Abogados, “ancla en el Perú del bufete de abogados Baker-Botts, equipo que condujo el caso a una feliz conclusión para nuestro país”, dice la nota.
Falta ver un arbitraje que involucra una demanda por US$300 millones
Ricardo Puccio, socio del estudio peruano, refirió que el Tribunal del CIADI –que es una institución del Banco Mundial- rechazó “todas las pretensiones del demandante” que abrió dos litigios, uno de los cuales ganó el Perú. El otro que falta ver es el arbitraje interpuesto por Sumitomo en mayo del 2020, y que involucraría una demanda de cerca de US$300 millones.
“Por ser un caso bajo el TLC con Estados Unidos, el Laudo será público una vez que se hayan dado cumplimiento a algunos temas formales”, dijo el abogado.
Fue a mediados de la década pasada que se informó de la controversia “entre Sociedad Minera Cerro Verde y el Estado Peruano. Surgió cuando la Sunat reclamó a la minera el pago de varios cientos de millones de soles por regalías adeudas desde el 2006. En esa fecha empezó a producir cobre en su novedoso proyecto de planta concentradora”, dice la nota.
Estado Peruano: “contrato no cubría proyecto de planta concentradora”
La minera estaba bajo el control de Freeport y adujo que no estaba obligada a realizar el pago. Esto, porque tenía un contrato de estabilidad tributaria, suscrito en 1998 (por el anterior propietario de Cerro Verde, Cyprus), que lo eximía de ese gasto.
Sin embargo, el Estado Peruano argumentó, que ese contrato no cubría el proyecto de la planta concentradora. Porque se desarrolló en 2004-2006, cuando la planta de lixiviación que Cyprus estabilizó en su contrato fue de 1998.
Como Sunat insistía en el pago, la minera llevó el caso a varias instancias. Al Tribunal Fiscal y al Poder Judicial, pero le dieron la razón al Estado Peruano. Y como última medida, Freeport y su asociado Sumitomo llevaron el caso ante el CIADI en marzo y mayo del 2020 donde también rechazaron su pedido.
La minera estadounidense pretendía, además, que nuestro país pague el costo del arbitraje, así como los gastos que efectuó para la contratación de sus abogados. Pero también se lo denegaron.
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