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Congreso: SAC inicia evaluación de acusación constitucional por caso ‘Rolex’

Tras archivar acusación por presuntamente haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra, sin haber renunciado a sus funciones en el Reniec

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inició la evaluación de la denuncia constitucional del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte por presuntos sobornos en el marco del caso 'Rolex'.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) inició el proceso para evaluar la denuncia constitucional que presentó el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra por el llamado caso ‘Rolex’.

Como se recuerda, el fiscal presentó la denuncia contra la mandataria el 27 de mayo, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado.

Este procedimiento especial (denuncia constitucional) se aplica a los altos funcionarios del Estado como la presidenta. En este caso se sustenta que la jefa de Estado “habría recibido, en calidad de donación, tres relojes de la marca Rolex de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Así como aretes de oro y una pulsera del mismo material, a fin de ‘realizar actos propios de su cargo’ como presidenta de la República”.

Archivan denuncia contra Boluarte por tráfico de influencias

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En la misma sesión ordinaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia contra Dina Boluarte por presunta infracción constitucional. Y por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La denuncia a la mandataria se sustentaba por supuestamente haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra, sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De acuerdo con el informe de la SAC, la denuncia cumplió con los requisitos formales, pero no con los criterios de admisibilidad. Tras su análisis, se determinó que la presidenta no incurrió en la infracción de ninguno de los artículos de la Constitución. O del Código Penal, y por ello se declaró improcedente la denuncia.

Los congresistas aprobaron declarar improcedente el informe de calificación de la denuncia constitucional 223, con 10 votos a favor, una abstención y uno en contra.

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