¿Qué pide la Corte IDH a los tres poderes del Estado peruano sobre los crímenes de lesa humanidad?

¿Cuáles son las medidas provisionales en los Casos Barrios Altos y La Cantuta? ¿Qué dice la resolución del 1 de julio de 2024?

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Los tres Poderes del Estado peruano deberán tomar las acciones necesarias para que, no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley del Congreso que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, según lo requirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH.

Esto, mediante la resolución del 1 de julio de 2024, respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, y a los que se hace referencia en las Sentencias, de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“U otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

Casos están bajo supervisión de cumplimiento de sentencia

Según la Sentencia de Fondo del caso Barrios Altos, la Corte IDH determinó que el Estado era responsable de las violaciones al derecho a la vida de 15 personas y al derecho a la integridad personal de cuatro personas que fueron heridas gravemente, una de ellas resultando incapacitada de manera permanente, en noviembre de 1991 en Lima.

Y en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del caso La Cantuta, el Tribunal declaró que el Perú era responsable por la desaparición forzada de siete estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y la ejecución de dos estudiantes de dicha universidad, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992. 

Como informan, la Corte emitió Sentencias en dichos casos, los cuales se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Entre otras reparaciones, ordenó al Estado cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en ambos casos.

Corte IDH ordenó al Perú abstenerse de implementar decisión del Tribunal Constitucional

Según se conoció, se solicitó a la Corte IDH la adopción de medidas provisionales a favor de las víctimas para proteger su derecho de acceso a la justicia ante nuevos hechos que abrían la posibilidad de que se ejecutara la decisión del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2022 que restituyó el indulto “por razones humanitarias” a Alberto Fujimori.

Esto cuando la Corte había ordenado al Estado abstenerse de implementarla, en su Resolución de 7 de abril de 2023. 

Para tal efecto, la Corte IDH hizo un recuento fáctico del “indulto por razones humanitarias” dado a Alberto Fujimori, el 24 de diciembre de 2017, por el entonces Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y los hechos posteriores. Las consideraciones para requerir al Perú lo mencionado se estructuran en un orden de hechos.

Los hechos que consideró el órgano judicial supranacional

A. Recuento fáctico respecto al indulto “por razones humanitarias” otorgado a Alberto Fujimori y hechos posteriores. B.  Solicitud de medidas provisionales y escritos de los representantes de las víctimas. C.  Observaciones del Estado. D.  Observaciones de la Comisión IDH 

E.  Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018. F.  Resolución de solicitud de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias de 7 de abril de 2022.

G.  Autos del Tribunal Constitucional de noviembre y diciembre de 2023 y liberación de Alberto Fujimori. H.  Consideraciones de la Corte IDH respecto de la solicitud de medidas provisionales.

I.   Supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo que respecta al control jurisdiccional del indulto “por razones humanitarias”

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