Ley de prescripción de Crímenes de Lesa Humanidad coloca a Perú “al lado de Nicaragua y Venezuela”

Con ratificación del acuñista Eduardo Salhuana y la fujimorista Patricia Juárez, presidente y vicepresidenta del Congreso, la Ley que permite la prescripción de crímenes de Lesa Humanidad ya está oficializada en el diario El Peruano, desacatando medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, conversó con periodistas peruanos, ayer, instantes previos a la autorización del presidente del Congreso para publicar la conocida como Ley Rospigliosi. Hoy ya está oficializada la norma que representa desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La especialista cuestionó el silencio del régimen de Dina Boluarte de observar y evitar el avance de la autógrafa que declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores al 2022.

Juanita Goebertus advirtió que con el desacato a las medidas solicitadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Perú se ubica en una posición similar a Venezuela y Nicaragua.

La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch señaló que con la Ley de la Impunidad, cerca de 600 procesos judiciales serían afectados. Sin embargo, Goebertus apeló en la confianza de la labor y ética de los fiscales y jueces peruanos para defender los Derechos Humanos en sus fueros.

Ante ello, la especialista fue consultada por esta redacción sobre las pocas garantías que existen en el sistema judicial, ya que el mismo Tribunal Constitucional ha desacatado solicitudes de la Corte IDH. Este sucedió cuando se otorgó el indulto al exdictador Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“El Estado peruano ha mostrado desobediencia, en general, frente a estas órdenes del sistema interamericano. Ya lo había hecho cuando se ordenó liberar en diciembre del año pasado a (Alberto) Fujimori, a pesar de que el sistema interamericano le había ordenado no hacerlo, por ser contrario a las obligaciones que tiene el estado de Perú”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch

Ley Prescripción de Crímenes de Lesa Humanidad: Perú queda al nivel de Venezuela y Nicaragua

También, en este diálogo con periodistas promovido por la Fundación Gustavo Mohme Llona y la Red Micaelas, preguntamos a Juanita Goebertus sobre los alcances y prerrogativas de la Procuraduría Supranacional peruana. Esta última consulta es en el contexto de que en recientes audiencias en la Corte IDH, la representación legal del Estado Peruano, que es elegida por el Ministerio de Justicia y tradicionalmente era delegada a abogados de la Procuraduría Supranacional, ha cambiado.

Con la disposición del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana para publicar la Ley que precisa la aplicación y los alcances del Delito de Lesa Humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, el Estado peruano confirma un segundo desacato. Esto en relación con la medida provisional que dictó la Corte IDH para que el estado peruano se abstenga de darle trámite de la Ley Rospigliosi.

“[El gobierno de Dina Boluarte] no está interesado en frenar esta arremetida del Congreso contra el sistema democrático y las instituciones. Muy por el contrario, no solo la tolera; en la práctica, está dispuesta a apoyar ese proceso”

Comentó la representante de HRW.

Goebergus también lamentó las nuevas estrategias elegidas por el Estado peruano en sus representaciones ante la Corte IDH. Explicó que la Procuraduría Supranacional está limitada a las indicaciones del actual gobierno, y en consecuencia, el Ministerio de Justicia está optando por sostener alegatos contrarios al Derecho Internacional. Estos desacatos y prácticas litigantes contrarias a los Derechos Humanos afectan las competencias del Estado Peruano internacionalmente:

“En la práctica, Perú queda en una posición al lado de Nicaragua y Venezuela, en términos de no reconocer decisiones del sistema interamericano […] Lo más grave es que abre la puerta para revisar condenas que ya están firmes tanto contra miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno, como miembros de Sendero Luminoso que ya fueron hallados responsables de crímenes de guerra”

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch

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Autor

  • Milagros Gonzáles Sánchez

    Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.

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