Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, conversó con periodistas peruanos, ayer, instantes previos a la autorización del presidente del Congreso para publicar la conocida como Ley Rospigliosi. Hoy ya está oficializada la norma que representa desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La especialista cuestionó el silencio del régimen de Dina Boluarte de observar y evitar el avance de la autógrafa que declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores al 2022.
Juanita Goebertus advirtió que con el desacato a las medidas solicitadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Perú se ubica en una posición similar a Venezuela y Nicaragua.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch señaló que con la Ley de la Impunidad, cerca de 600 procesos judiciales serían afectados. Sin embargo, Goebertus apeló en la confianza de la labor y ética de los fiscales y jueces peruanos para defender los Derechos Humanos en sus fueros.
Ante ello, la especialista fue consultada por esta redacción sobre las pocas garantías que existen en el sistema judicial, ya que el mismo Tribunal Constitucional ha desacatado solicitudes de la Corte IDH. Este sucedió cuando se otorgó el indulto al exdictador Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Ley Prescripción de Crímenes de Lesa Humanidad: Perú queda al nivel de Venezuela y Nicaragua
También, en este diálogo con periodistas promovido por la Fundación Gustavo Mohme Llona y la Red Micaelas, preguntamos a Juanita Goebertus sobre los alcances y prerrogativas de la Procuraduría Supranacional peruana. Esta última consulta es en el contexto de que en recientes audiencias en la Corte IDH, la representación legal del Estado Peruano, que es elegida por el Ministerio de Justicia y tradicionalmente era delegada a abogados de la Procuraduría Supranacional, ha cambiado.
Con la disposición del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana para publicar la Ley que precisa la aplicación y los alcances del Delito de Lesa Humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, el Estado peruano confirma un segundo desacato. Esto en relación con la medida provisional que dictó la Corte IDH para que el estado peruano se abstenga de darle trámite de la Ley Rospigliosi.
Goebergus también lamentó las nuevas estrategias elegidas por el Estado peruano en sus representaciones ante la Corte IDH. Explicó que la Procuraduría Supranacional está limitada a las indicaciones del actual gobierno, y en consecuencia, el Ministerio de Justicia está optando por sostener alegatos contrarios al Derecho Internacional. Estos desacatos y prácticas litigantes contrarias a los Derechos Humanos afectan las competencias del Estado Peruano internacionalmente:
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