Campesinos de la comunidad de Urisanya (Espinar) denuncian la represión contra 10 comuneros que protestaron en 2020 contra la minera Las Bambas. Se les acusa de haber secuestrado a un vigilante que trabajaba para una empresa privada que brindaba el servicio de seguridad a la mina.
La Fiscalía pide 20 años de cárcel contra los procesados, además de 10 mil soles de reparación civil. La instalación de la audiencia fue suspendida ante la falta de intérprete, dado que todos los procesados son quechua hablantes.
En tanto, decenas de comuneros de Urinsaya llegaron a la ciudad de Cusco para respaldar a sus paisanos. Anuncian plantones frente al Palacio de Justicia.
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