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Congresistas se mostraron indignados de que se les atribuya culpabilidad por haber aprobado la polémica Ley 32108, que en la práctica está entorpeciendo el proceso de detención e investigaciones a organizaciones criminales. Afirman que el Ministerio Público es el verdadero culpable de que las extorsiones y la delincuencia hayan aumentado, ya que ellos mismos están corrompidos.
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