El país vive en medio de una ola de crinimalidad sin precedentes que afecta a todos, pero más directamente a ciertos sectores. En defensa de la vida y el derecho a trabajar, los transportistas realizaron dos días de paralización buscando la derogatoria de la ley del crimen organizado que aprobó el Congreso de la República.
Ante la negativa de los congresistas, los transportistas que participaron del paro, decidieron hacer una pausa, analizar la situación y organizarse para desarrollar nuevas acciones. Entre ellas, anunciaron la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de convocar a otras organizaciones sociales de todo el país y a una movilización nacional contra el Congreso y Dina Boluarte.
Han pedido que se libere a los 13 detenidos durante las marchas. Además, presentarán una denuncia constitucional para todos los congresistas que impulsaron la ley mencionada (Ley 32018) y la censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Además, denunciaron que terminaron reprimidos por la Policía cuando la marcha fue pacífica.
Si bien la paralización se centró en Lima, en la región Junín, Huancayo fue la otra ciudad que paralizó de manera contundente. La Red de Medios Regionales del Perú, invitó para tratar este tema a Misaell Martínez Yauri, miembro del Comité de Defensa de la Unión de Gremios de Transporte a nivel nacional y coordinador de la Macro Región Centro.
“Tenemos indicios de que hubo una negociación con el Ejecutivo para que no haya paro”
Lo primero que aclaró Misaell Martínez Yauri, miembro del Comité de Defensa de la Unión de Gremios de Transporte a nivel nacional y coordinador de la Macro Región Centro o Junín, es que los transportistas que han participado del paro son formales y que los pedidos que se han hecho son por el derecho a la vida, la derogación de la ley 32108 y que se archive la ley de terrorismo urbano.
Martínez Yauri refiere que cuando se conoció que los congresistas pretendían aprobar la ley de terrorismo urbano, que es un proyecto presentado por la presidenta Dina Boluarte, todos los transportistas que se encontraban en Lima, incluidos los que no participaron del paro como Martín Valeriano y otros, decidieron conversar con los congresistas e hicieron un llamado de urgencia o emergencia a todo el sector de todo el país, sobre todo de Lima y Callao.
La consigna era salir en un paro para que no se apruebe esa ley y es cuando se realiza el paro del 26 de septiembre. Luego de esta paralización durante la semana se sostuvieron reuniones con todos y se acordó por unanimidad, realizar este paro de 72 horas, los días 10, 11 y 12 de octubre. Pero luego salió uno de los dirigentes, Martín Ojeda, que es el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte a decir que “solamente los informales están haciendo el paro y que ya no se haría”.
“No somos informales”
Misaell Martínez, al referirse a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó: “el país se está dando cuenta una vez más, que no se puede atender una declaración del señor Adrianzén”.
El dirigente recordó que el premier los llamó informales “a todos los transportistas que movemos a este país”. Que les dijo que estaban politizados. A nombre de todos los empresarios legales, rechazó rotundamente sus declaraciones. “Lo que está haciendo simplemente es tratar de opacar un poco la mala gestión que ellos tienen en materia de seguridad”, dijo y refirió que están pidiendo también la renuncia inmediata del premier y del ministro del Interior.
“Los transportistas son extorsionados diariamente por la Policía Nacional”
Para Martínez hay dos escenarios en cuanto a la inseguridad que sufre el sector: el de sicariato y asesinato, por el que están reclamando. Pero añadió que quien le hace realmente daño al país, al sector transporte del país, es el gobierno. Porque, según dijo, las extorsiones no solo vienen del delincuente, “eso es lo que se quiere hacer creer a la población”. Añadió que “nadie habla de la extorsión a gran escala, de la extorsión con saco y corbata, de la extorsión con arma que es la misma Policía Nacional”.
Dijo que los transportistas son “extorsionados” diariamente por la Policía Nacional, porque existe un sistema operando que tiene el gobierno a través de los ministerios de Transportes y del Interior que reciben sumas millonarias diariamente de los transportistas.
Asimismo, dijo que la Sutran diariamente les quita la placa a 20 vehículos a nivel nacional. Esos 20 vehículos, pagan 5 mil soles cada uno. Refirió que han tenido reuniones con el ministro y con los congresistas en Lima y que no saben responder. “¿Qué hacen el Ministerio de Transportes y la Sutran con todo lo recaudado? ¿A dónde va ese dinero? Porque eso no va ni para reparar pistas, ni para mantenimiento de carreteras”, cuestionó.
“Hay mucho temor a las represalias por decir lo que pasa”
Martínez Yauri recordó que el sector de transportes paga dos peajes. Uno que se les debe devolver a través del impuesto selectivo al consumo del combustible y otro el peaje en sí mismo. Insistió en que es todo un sistema en el que se ve involucrado el ministerio del Interior con el de Transporte, porque son los policías que le dan soporte a estos operativos y abusivamente toman las placas de rodaje a los vehículos y los mandan a los depósitos. “Muchos tienen temor de decirlo”, advirtió.
Explicó que a eso se suma que es el sistema que no permite que muchos transportistas puedan tener una tarjeta de circulación o un título habilitante para ser formales. Y por eso son mal llamados informales, porque no les permiten. Según dijo: “porque ahí está el negocio redondo y millonario. Eso es lo que muchos conocen y tienen miedo de poder manifestar a la prensa y a la luz“.
Comentó que, para exponer este tema, los transportistas en reiteradas oportunidades han asistido al ministerio de Transportes y Comunicaciones a diferentes mesas técnicas. Y que al Congreso de la República van, desde el año 2020 hasta ahora, para tratar temas de transporte. Sin resultados.
“Tenemos el legítimo derecho a protestar”
Misaell Martínez contó que durante la primera movilización recibió una notificación del Ministerio Público. “Es una notificación preventiva, y se abre un proceso por el tema de causar desorden a través de esta protesta”. La notificación la está revisando un abogado. “Estamos indignados”, dijo. Reiteró que el paro ha sido exclusivamente en defensa de la vida y que en ningún momento ha habido actos de vandalismo del sector transporte.
Refirió que en uno de los puntos de la marcha había personas en estado etílico que trataron de entrar en la manifestación y que habrían sido detenidos. Y se dice que son transportistas que han estado haciendo estos desmanes, cuando todavía no se tiene ningún resultado de esta investigación. Tenemos que ser responsables y esperar.
Al cuestionarse sobre qué está pasando con los transportistas de todo el país que no acataron el paro, Martínez dijo que es por temor. “Si yo lo tengo, lo tiene el bodeguero, el transportista, el conductor, tienen miedo de denunciar por temor a la extorsión. Muchos transportistas y líderes tienen miedo a hablar de este tema y salir a las protestas por temor a las represalias”, reiteró.
“Quieren confundir el por qué la gente no sale. Por temor o por división. Creen que la gente no quiere salir. Creen que nos gusta dejar nuestros trabajos, nuestras familias, estar sin comer. Estamos una semana sin producir ni un sol, por estar trabajando, apoyando, respaldando una convicción de defender y dejar un país libre, para que mis hijos mañana, más tarde, no sufran lo que hoy estoy sufriendo yo”, añadió.
Vea la entrevista completa sobre la situación del transporte en el país aquí:
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