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Este rechazo es el que quiere evitar Dina Boluarte a toda costa. La ley de “terrorismo urbano” que, según el mismo gobierno, carece de sentido, busca introducir dos disposiciones que beneficiarían a Boluarte para silenciar a quienes la rechazan. Anteriormente, advertimos que se había propuesto que las denuncias contra la PNP y el Ejército, por el uso de sus armas, se tramiten en fueros militares y no civiles; lo que aparece como disposición complementaria final de la ley. Pero además, el gobierno también pretende sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes ejerzan su derecho a la protesta.
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