La prisión preventiva espera a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte Zegarra. El juez Richard Concepción Carhuancho falló a favor del pedido de 36 meses sustentado por el Ministerio Público en el marco del caso Los Waykis en la sombra.
No obstante, el procesado se encuentra inubicable desde la noche del domingo 17, cuando el magistrado inicio la audiencia. Si bien Nicanor Boluarte ingresó a la videollamada de la audiencia, se constató que se encontraba en un vehículo en movimiento. Mientras que este lunes 18 no participó de la diligencia y su abogado reveló que no atendía sus llamadas.
La desaparición del hermano de la presidenta coincidió con el anuncio de Richard Concepción Carhuancho de no aplicar la Ley 32018 en el presente proceso, un dispositivo legal que establece que los delitos contra la administración pública no pueden considerarse dentro de los casos de organización criminal. El juez sostuvo que se trata de una norma que se dictó para favorecer a un grupo de personas, y consideró la ley nefasta.
Sobre el caso concreto de Nicanor Boluarte, dijo: “Se ha encontrado un comportamiento penal grave como ocultamiento de pruebas”. Así, concluyó que el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia es alto. También dictó la misma medida para los coacusados.
Caso ‘Los waykis en la sombra’ en juzgado de Carhuancho: ¿en qué consisten las acusaciones contra Nicanor Boluarte y los otros involucrados?
La Fiscalía acusa a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, de liderar una presunta organización criminal. Según las investigaciones, esta red habría operado desde el 7 de diciembre de 2022 para infiltrar el aparato estatal y obtener beneficios económicos.
La organización, según la tesis fiscal, utilizaba el partido político Ciudadanos por el Perú como fachada. A través de esta estructura, se habrían promovido designaciones de prefectos y subprefectos en diversas regiones. Entre los objetivos, figuraba la creación de una base política y el control de cargos estratégicos.
La investigación también incluye a otros implicados: Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta; Jorge Ortiz Narro, exdirector general de Gobierno Interior; Zoraida Herrera Vásquez, responsable de proponer las designaciones; y los hermanos Jorge y Norel Palomino Salazar, quienes supuestamente gestionaron cargos en Cajamarca para favorecer a su entorno.
La fiscal adjunta Melisa Angulo Mantilla sostiene que Nicanor Boluarte aprovechó su cercanía con la mandataria para ejercer un poder de facto. Según la Fiscalía, planificó y dirigió acciones en los mandos medios para cumplir los objetivos de la red.
Entre las pruebas presentadas al juez Carhuancho, figura el testimonio de Armando Villalobos Leyva, ex prefecto de San Martín. Villalobos identificó a Nicanor Boluarte como “el número dos” de la organización y afirmó que Dina Boluarte era conocida como “la número uno” en este esquema.
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