Uno de los principales sustentos que remarca el proyecto de Ley de María Acuña, son los resultados de una encuesta de hace más de seis años. El informe de opinión de febrero de 2018, elaborado por Ipsos a solicitud de El Comercio, reveló hace casi siete años, que el 87% de los encuestados, sin poner la cantidad de la muestra, dijeron estar de acuerdo con la pena de muerte.
El proyecto de ley, sin reparar en la ficha técnica de la encuesta de opinión con más de cinco años de desfase, asevera que a partir de esos porcentajes “la población en su mayoría está de acuerdo con aplicar la pena de muerte”.
Pese a que en el proyecto se menciona que los sistemas de protección de derechos humanos permiten la cooperación entre países para abordar las violaciones de derechos humanos, la propuesta amenaza incluso con autorizar la denuncia de la Convención Americana ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Todo este despliegue anti derechos viene bajo el impulso de María Acuña, para promover la pena de muerte.
Proyecto María Acuña afectaría a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos
La propuesta de María Acuña se anticipa a que en una eventual reincorporación a la Convención Americana de Derechos Humanos deberá realizarse con las reservas sobre asuntos que deben a ser tratados de forma “soberana” como la pena de muerte. Así también limita el efecto vinculante de las sentencias que emita la Corte.
Muchas de estas sentencias se dan por casos de violaciones de derechos humanos, incluso de casos históricos, cuyas reparaciones a las víctimas no se han cumplido íntegramente a la fecha, como los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
El proyecto de María Acuña, congresista de Alianza para el Progreso, apuntaría contra deudos y sobrevivientes de crueles violaciones de Derechos Humanos de la época del Conflicto Armado Interno. En un tono revictimizante y desinformante, señala que hay casos en los que “se han aprovechado del sistema pocas personas y en perjuicio de la colectividad”. No detalla a qué casos se refiere.
“Es un contexto de impunidad y de amenaza”: AcCeso a justicia de víctimas de violaciones de Derechos Humanos
Respecto a ello, hace unos días conversamos con Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH en el contexto del Día de los Derechos Humanos y del cumplimiento de los dos años de las masacres en las protestas contra Dina Boluarte.
Jennie Dador sostuvo que, a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, no se les ha cumplido con la reparación completa, lo que reafirma las alarmas sobre el acceso a la justicia para los deudos de las masacres de hace dos años. Ahora, con el nuevo escenario anti derechos humanos impulsado desde el Congreso y el Ejecutivo en la instrumentalización del feminicidio de una niña, es más desalentador el panorama jurídico para los deudos que buscan justicia ras décadas.
“El contexto, en general, es un contexto de impunidad y de amenaza a que luego no se pueda cumplir con las sentencias. Incluso estamos batallando con las sentencias de hace años que no se cumplen, que no se paga la reparación civil […]. Hemos visto que los casos de la época del Conflicto Armado Interno duran 20, 30 años, lo cual ya es una violación más a los Derechos Humanos”.
Jennie Dador, abogada y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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