La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves, que se investiguen dos denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas del 2022 y 2023 y por el caso “Rolex”.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, puso en votación las acusaciones y propuso dar 15 días hábiles de investigación para las mismas, dado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside María Acuña, las declaró procedentes.
Como se informó, la víspera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le envió una misiva al presidente Salhuana, solicitándole se tramiten las 16 denuncias que estaban pendientes y que el Ministerio Público presentó desde enero de este año.
Denuncia por los asesinados en protestas
La denuncia sobre las protestas la planteó el entonces Fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena contra Boluarte, por el “presunto delito de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves por los fallecidos y heridos durante las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023”.
Esta denuncia incluye también a los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.
En la SAC, se delegará muy probablemente a un congresista, por caso, para elaborar el informe final que determine si proceden o no las denuncias.
Caso “Rolex” y pulseras que recibió Boluarte en donación
La otra acusación contra Dina Boluarte es por el “presunto delito contra la administración pública. En la modalidad de cohecho pasivo impropio por el denominado caso “Rolex””.
Villena Campana, le atribuyó a la presidenta recibir irregularmente donaciones de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. Esto es, relojes de alta gama y una pulsera de lujo para aprobar transferencias de recursos a dicha región.
La Comisión Permanente también aprobó dar 15 días de plazo de investigación por las acusaciones que sí procedieron. Estas son, contra los exministros Jorge López Peña (presunto enriquecimiento ilícito). La de Carlos Morán (presunta negociación incompatible o aprovechamiento del caro) y finalmente contra Betssy Chávez (presunto enriquecimiento ilícito agravado).
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