Al cumplirse dos años de la presidencia de Dina Boluarte, conversamos con Raúl Samillán, representante de las víctimas y sobrevivientes de las masacres de la represión policial. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, murieron 49 personas en medio de la represión policial en varias regiones.
Las familias y heridos, muchos los que viven con decenas de perdigones en el cuerpo a la fecha, continúan en el acceso a la justicia, entre diligencias fiscales y apoyo a las protestas en Lima, respondiendo a la llamada de gremios de transportistas acosados por extorsiones y sicariatos.
En esta entrevista, Raúl Samillán nos comparte detalles sobre los avances y obstáculos en los procesos judiciales. El representante de las familias de Juliaca también nos habló sobre el impacto, para bien, de la salida de Patricia Benavides de la Fiscal de la Nación.
¿Cómo ha afectado el cambio de Fiscal de la Nación en los procesos que siguen los sobrevivientes y familiares de las víctimas de las masacres y la represión policial militar durante las protestas contra Dina Boluarte?
Justo, las investigaciones han ido avanzando después de la salida de la señora Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación.
Con el doctor Juan Carlos Villena, tuvimos una entrevista en donde se le ha pedido celebridad para el acceso a la justicia. Le hemos pedido también que haga una denuncia por los asesinatos y por los más de 1500 heridos en las protestas contra Dina Boluarte.
Antes de su salida, el doctor Juan Carlos Villena, por el mes de julio, presentó una denuncia constitucional contra la señora Dina Boluarte y contra los ministros que estaban en ese entonces: del Interior, de Defensa, el Premier y entre otros investigados.
¿Cuáles son las dificultades o avances que han enfrentado a lo largo de estos casi dos años luchando por el acceso a la justicia?
En cuanto a los avances en las diferentes carpetas, por ejemplo, en la provincia de Caravaya, Puno, se ha logrado que el juez no permita la salida de cerca de 26 investigados. En Carabaya sucedieron dos asesinatos: el compañero Salomón Valenzuela [30 años], y de la compañera Sonia Aguilar [35 años].
Ahí se ha adoptado el impedimento de salida del país. Entonces, los señores investigados van a tener que, dentro del territorio peruano, continuar con las indagaciones para que no escapen, como en el caso del policía Joe Erik [Torres Lovón] en la ciudad del Cusco, que cuando fue identificado [por el caso Rosalino Flores Valverde], prácticamente en el momento cuando se solicitó la presión preventiva, huyó. Es por eso que se ha estado solicitando el impedimento de salida.
Lo mismo en Juliaca, donde es un poco más compleja, donde se tiene 107 investigados, por distintos casos de asesinados y heridos.
En la última diligencia en la que vino la doctora Nancy Chávez, se ha logrado que la policía, la DINOES, entregue los cuadernos del día 9, de las actividades que tuvieron. Así también información de a quienes se les hizo entrega de las armas y cuántas municiones. Además de todos esos cuadernos se pidió información de qué personas estuvieron presentes en el cuidado del aeropuerto. La doctora Nancy Chávez, que es la fiscal para el caso de Juliaca, ha logrado esos requerimientos y lo cual ayuda en las investigaciones, ya que anteriormente, cuando se hizo las solicitudes, nos entregaron copias borrosas, copias incompletas, o sea, con intentos de dilatar o impedir las investigaciones.
¿Cuántas carpetas están siguiendo y si tienen conocimiento del caso del suboficial Soncco, ya que recientemente un reconocido constitucionalista sugirió en un medio radial la atribución de los asesinatos de varios policías a manos de manifestantes?
A la actualidad ya se tiene más de 60 carpetas que están en investigación, en la cual, acá en Juliaca, algunos hermanos heridos se han animado a denunciar. Es por ello que se van sumando esas carpetas de investigación. La gente ya está empezando a perder miedo y a empezar a denunciar, lo que nos ha tocado vivir ese 9 de enero y demás fechas.
En el caso del asesinato contra el policía José Luis Soncco, todavía continúan las investigaciones, pero ya se tiene conocimiento que habría sido un excompañero del policía, un ex-policía [Jhonatan Apaza]. El delito habría sido por un ajuste de cuenta. Lamentablemente en algunos medios se han tratado de confundir a la población. Con las investigaciones se ha identificado que ha sido un asesinado por un ex policía y por ajustes de cuentas.
Hay nuevas iniciativas de protestas y paralizaciones tanto en Lima como en las regiones no solo por el cumplimiento de los dos años de Dina Boluarte en la presidencia, sino también por los crecientes niveles de extorsiones, sicariato, delincuencia, ¿Ustedes van a volver a unirse a estas convocatorias?
No va a ser posible en esta ocasión. Estamos más que todo concentrados en la conmemoración de los dos años de las masacres. Además, en vista de que nosotros hemos llegado a Lima hace unos días, el 13 y 14 de noviembre, respaldando al llamado de los gremios de transportes. Hemos viajado varios hermanos, como siempre lo hacemos. Llegamos a Lima, con sacrificio, porque varios de nosotros permanecen con las heridas. Tenemos hermanos que todavía tienen aún perdigones en el cuerpo. Pero aun así nosotros seguimos los días de lucha.
Lo lamentable fue que no se ha visto la contundencia que se esperaba. Sentimos que en Lima nuevamente es como se hubiera ignorado este llamado. Eso ha desanimado a los hermanos de los familiares de las víctimas.
Por ahora estamos más que todo focalizados en las actividades de la conmemoración de los dos años de las masacres. Entonces, no creo que sea posible nuestra participación en este llamado o esta oportunidad.
Ahora vamos a estar en Apurímac [departamento donde nació Dina Boluarte], que va a llevar acabo actividades el 11 de diciembre, porque ese es el día en que inició en esa ciudad donde prácticamente apagaron las vidas de siete hermanos apurimeños. El 15 de diciembre va a ser en Ayacucho. Ahí tenemos 10 asesinados, incluso en Ayacucho empiezan las actividades de 7 de diciembre.
Hay varias actividades que se tiene programadas. Entonces, ahora los hermanos están más focalizados en esas actividades por la conmemoración de los dos años. Lo mismo en Pichanaqui va a ser el día 16 de diciembre.
Tras estos casi dos años, calculan que ya deberían pasar a la parte oral de los procesos ¿Es así, o todavía falta pasar otras instancias más por las que tienen que pasar en el camino de acceso a la justicia?
Conversamos con nuestro abogado. Posiblemente, estemos solicitando una ampliación de las investigaciones, porque no queremos que se caigan las investigaciones de las masacres en las protestas contra Dina Boluarte. En enero concluye esta etapa preliminar. Pero lo que se quiere es que se adjunte más documentos antes de pasar al juicio oral.
Entonces, estamos esperando nosotros un informe de las pericias. Se han realizado pericias psicológicas, de medicina legal.
Se han realizado pericias con expertos internacionales, han llegado peritos a las tres regiones. Entonces, con esos informes de ese peritaje que se ha realizado se va a ingresar, no queremos que eso quede al aire. Todo lo que nosotros podamos ingresar a las investigaciones, vamos a tener que hacerlo, para que tenga mayor consistencia en cuanto a lo que es el juicio oral.
Se ha solicitado el perito de parte, debido a que lo que se ha emitido en medicina legal en los hospitales, o algunos informes de los hospitales, documentos que son solo de dos líneas. Por ejemplo, un compañero que tiene una herida de proyectil en la columna, el médico coloca en su informe en solo dos líneas como “herida leve antigua”.
Ese es el tipo de informes que se ha recogido. Ante eso nosotros quedamos totalmente indignados. ¿Cómo con una persona que tiene una bala en el cuerpo, el médico hace ese tipo de informes, en dos líneas?
Inmediatamente, nosotros contactamos con Naciones Unidas y algunas otras instituciones y solicitamos que nos apoyen, porque traer peritajes es costoso, pero ya lo hemos logrado.
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