Este sábado, en edición extraordinaria del diario El Peruano, el gobierno de Dina Boluarte autorizó la creación de una comisión para debatir la instauración de la pena de muerte. La resolución señala que la comisión estará conformada por 16 funcionarios al menos. Los gastos de la comisión de la pena de muerte estarán financiados con el presupuesto institucional del Ministerio de Justicia. La norma está suscrita por el titular de esta cartera: Eduardo Arana.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) señala que la comisión de la pena de muerte es iniciativa del ministro Eduardo Arana . Asegura que ese grupo sectorial realizará debates públicos “a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar” la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad.
La Comisión de la pena de muerte elaborará un informe técnico. Para ello, sus integrantes, aparte de debates descentralizados, difusión de actas y conclusiones, contarán con una Secretaría Técnica a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
Pese a que el MINJUS señala que integrantes ejercerán sus funciones ad honorem, la resolución apunta a que “los gastos que genere la implementación de lo dispuesto… se financian con el presupuesto institucional del Ministerio”. La comisión tendrá vigencia de tres meses, pudiendo ser prorrogada.
La legislación de la muerte: Congresista Acuña sustenta salida de Convención de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte con encuesta obsoleta
A dos años de las masacres, María Acuña (APP) presentó un proyecto que menoscaba la defensa de los derechos humanos de los peruanos, demandando la salida de la Convención Americana. ¿El sustento?: Una encuesta obsoleta de 2018 sobre la pena de muerte.
Uno de los principales sustentos que remarca el proyecto Acuña, son los resultados de una encuesta de hace más de seis años. El informe de opinión de febrero de 2018, elaborado por Ipsos, reveló hace casi siete años, que el 87% de los encuestados, sin poner la cantidad de la muestra, dijeron estar de acuerdo con la pena de muerte.
Asimismo, el proyecto de ley asevera que a partir de esos porcentajes “la población en su mayoría está de acuerdo con la pena de muerte”.
Así, pese a que en el proyecto se menciona que los sistemas de protección de derechos humanos permiten la cooperación entre países para abordar las violaciones de derechos humanos, la propuesta amenaza incluso con autorizar la denuncia de la Convención Americana ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Todo este despliegue anti derechos viene bajo el impulso de María Acuña, para promover la pena de muerte.
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