El Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones del congresista de Renovación Popular, Esdras Medina. Esto, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La medida fue adoptada por el juez supremo provisional, Saúl Peña Farfán, quien declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía de la Nación.
La resolución judicial comprende el análisis de llamadas, mensajes de texto y de voz, además de la ubicación de los teléfonos móviles asociados a Medina, la rectora de la Universidad Nacional del Callao, Arcelia Rojas, y su hija Yesmi Ortega. Este seguimiento abarca el periodo entre noviembre de 2021 y junio de 2022, lapso en el que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso salió a la luz tras una denuncia del portal El Foco. Allí señalaron que Medina habría intercedido para que la rectora contratara a su hijo, Esdras Medina Gonzáles, en la universidad que dirige. A cambio, el congresista habría contratado en el Congreso a Yesmi Ortega, hija de Rojas. Aprovechaba así su posición como presidente de la Comisión de Educación, en ese entonces.
Durante la audiencia reservada, previa a la resolución, la defensa de Medina y Ortega se opusieron al requerimiento del Ministerio Público, argumentando que esta medida vulnera sus derechos. Por su parte, el abogado de la rectora Rojas indicó que el pedido fiscal respecto a ella carecía de objeto, ya que ella había autorizado voluntariamente el levantamiento de las comunicaciones relacionadas con su teléfono institucional.
Medida es clave para investigación contra Esdras Medina
El juez Peña Farfán justificó su decisión señalando que la medida es necesaria y proporcional para esclarecer los hechos investigados. Según la resolución emitida, permitirá a la Fiscalía obtener información clave sobre las comunicaciones entre los involucrados y complementar las pruebas existentes en el caso.
El Ministerio Público, que inició esta investigación en marzo de 2023, deberá remitir los resultados de la diligencia al despacho judicial. Con estas acciones, las autoridades buscan avanzar en la obtención de pruebas objetivas que permitan dilucidar las circunstancias de los presuntos actos ilícitos cometidos en perjuicio del Estado.
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