Durante su visita a Arequipa, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, criticó duramente las recientes modificaciones aprobadas por el Congreso de la República, como la Ley N.º 32181, que derogó la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia (y derogó a los pocos días). El magistrado hizo un llamado al Parlamento para que actúe de manera más técnica y reflexiva al momento de elaborar leyes que impactan en el sistema judicial.
A pesar de que el Congreso retrocedió y aprobó una nueva modificación para restablecer la norma el último sábado, la promulgación aún depende de la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, algunos investigados ya fueron liberados debido a la imposibilidad de concretar la prisión preliminar. Al respecto, Arévalo señaló que hay una preocupación de esta situación.
En ese contexto, el titular del Poder Judicial exhortó al Congreso a reflexionar y asesorarse adecuadamente para evitar la promulgación de leyes que no cuentan con un sustento técnico.
Poder Judicial en desacuerdo con pena de muerte
Otro tema que abordó Arévalo fue la iniciativa para que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, a fin de reinstaurar la pena de muerte en el país. Aunque señaló no conocer a fondo el contenido del proyecto de ley, expresó su desacuerdo con una medida de esta naturaleza, calificándola como una decisión política.
“Si se retirase al Perú, no es un efecto inmediato, a mí no me parece bien… Atenta contra el sistema jurídico internacional del que es parte el estado peruano”, afirmó Arévalo. Enfatizó que el Congreso debería priorizar otros temas legislativos de mayor relevancia en lugar de debatir propuestas innecesarias. “En vez de que el Congreso se preocupe en debates un poco necesarios, se preocupe por otra serie de leyes que necesita el país”, sostuvo.
Cambios en el Código Penal
Javier Arévalo también se refirió a la decisión del Congreso de crear una comisión para elaborar un nuevo Código Penal. Aunque reconoció la necesidad de renovar el Código, cuestionó que el Parlamento asuma esta responsabilidad, al considerar que carece de la especialización técnica necesaria.
Arévalo explicó que la elaboración de un Código Penal requiere el trabajo de expertos en la materia, como juristas y operadores del sistema judicial. Y no puede ser tarea exclusiva de los legisladores. “Las leyes penales deben ser elaboradas por personas que saben, técnicos. No puede cualquier persona, porque es congresista, elaborar una ley penal”, afirmó.
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