Tras la serie de ataques constantes contra las dos cabezas clave del sistema de justicia, la siguiente en la lista negra sería Delia Espinoza. Y es que la fiscal de la Nación no se quedó callada ante las provocaciones de la presidenta e inició una serie de investigaciones que involucran a la mandataria en presuntos actos de corrupción, como su incremento patrimonial injustificado. El abogado de Boluarte logró que el juez Juan Carlos Chekley ordenara que el despacho de la fiscal de la Nación interrogue y escuche a los analistas técnicos de la Contraloría General de la República antes de decidir si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La defensa de Boluarte se basa en que estos analistas técnicos elaboraron un informe en el que afirman que la mandataria no habría incurrido en ninguna irregularidad en su declaración patrimonial. Por eso, el informe se usaría para contradecir el peritaje financiero-contable oficial de la Fiscalía, el cual encontró depósitos de origen desconocido de hasta 58 mil soles. Paralelamente, el ministro Santiváñez, ha denunciado a la fiscal ante la JNJ por haberle pedido la clave de su celular, pidiendo su destitución. Una jugada en pared.
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