Pese a que la Corte Suprema ratificó el levantamiento del secreto bancario de la congresista Rosio Torres de Alianza Por el Progreso (APP), a los testimonios de extrabajadores, a los chats y videos que hay en su contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, archivó la denuncia que tenía por «Mochasueldos».
Una vez más, los congresistas blindan a una de sus colegas en la SAC que ahora preside quien también fuera denunciada por ‘mochasueldos’ María Acuña (APP), hermana del líder de dicho partido, César Acuña, quien anunció por todos los medios que expulsaría a Torres Salinas de su agrupación política, por este caso, lo que nunca hizo.
El archivamiento de la acusación constitucional que hiciera el exfiscal, Juan Carlos Villena, se dio por mayoría con 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, uno de María Acuña.
Luego, lo que queda aún, es la orden de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, confirmando el levantamiento de su secreto bancario por el periodo comprendido entre el 26 de julio 2021 hasta el 02 de abril del 2023. Tanto de las cuentas bancarias nacionales, como de las operaciones financieras y bancarias de ella y de su sobrino, que formuló el Ministerio Público.
Congresista habría pedido un tercio del sueldo a trabajadores
El pasado 3 de abril del 2023, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Lujan, pidió al Ministerio Público iniciar las diligencias preliminares contra la congresista de Alianza para el Progreso, Rosio Torres por, presuntamente, obligar a los trabajadores de su despacho congresal a entregar un tercio de sus salarios como “colaboración”, según reveló el programa Punto Final.
Según el Código Penal, esto constituye la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, en agravio del Estado Peruano. El despacho de la congresista Rosio Torres emitió un pronunciamiento negando la denuncia periodística.
Pero, según el testimonio de quienes fueron sus trabajadores, no solo les pedía el tercio de sus sueldos, a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, sino que el monto subía cuando en el Legislativo pagaba las gratificaciones y el bono de escolaridad.
La legisladora dijo entonces que solicitaría una investigación exhaustiva. Sin embargo, borró los chats con su sobrino que la podían incriminar y que se mostraron en el informe. La bancada de APP optó por separarla de la Comisión de Ética, en espera de sus descargos para “garantizar la independencia en las investigaciones”. Incluso César Acuña dijo que la expulsaría del partido, pero no lo hizo.
Familia tuvo problemas con la justicia
La familia de la congresista Torres ha tenido problemas con la justicia. Su padre, Cirilo Torres Pinchi, figuraba como prófugo de la justicia. Estaba condenado por peculado de S/ 15 millones, cuando fue director de Educación de Loreto (DREL) desde 1999 al 2000. Su nombre figuraba en el sistema del Programa de Búsquedas y Recompensas del Ministerio del Interior, con un “premio” de S/ 20 000 “por cualquier información sobre su paradero”.
Sin embargo, eso cambió y en abril del 2023 ya no figura entre “los más buscados” y su búsqueda se encuentra “desactivada”. También se dijo que el Poder Judicial no renovó la orden de captura de Cirilo Torres Pinchi, por lo que su nombre en el sistema de recompensas quedó suspendido.
De otro lado, Neri Felipa Salinas de Torres, madre de la congresista Rosio Torres, fue también congresista por Loreto con el partido Perú 2000. Justo en la re-reelección de Alberto Fujimori 2000-2001, testigos la señalaron, junto a su marido Cirilo Torres, como militantes del MRTA.
Hay testigos que afirman que eran los encargados de las escuelas políticas del MRTA. Se cree que, al volverse fujimoristas, fueron perdonados por Alberto Fujimori. A Neri Salinas la conocen con el alias de “comandante pijuayo”.
Y pese a contar con estos antecedentes, en marzo del 2022, cuando Torres Salinas era la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, denunció que su madre, Nery Salinas, habría sido víctima de secuestro y violencia física en las afueras de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas y culparon sin pruebas al expresidente Castillo los congresistas de Fuerza Popular Ernesto Bustamente y Alejandro Aguinaga.
Rosio Torres y esposo implicados en presunto lavado de activos
La congresista Rosio Torres está incluida en una carpeta de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Loreto -por el presunto delito de lavado de activos- junto al excongresista, exgobernador regional de Loreto y su esposo, Fernando Meléndez Celis. En la modalidad de, actas de conversión y transferencia, actos de tenencia y ocultamiento derivados del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado Peruano.
Según la carpeta fiscal, Torres habría trabajado con su familia para recolectar remesas económicas provenientes de empresarios cocaleros en el departamento de San Martín. Este dinero habría servido para financiar la campaña de Meléndez al Gobierno Regional de Loreto en 2014.
Su esposo también tiene una investigación por el presunto delito de otorgamiento ilegal de derechos a favor de Cacao del Perú SAC (hoy Tamshi SAC), del empresario checoestadounidense Dennis Melka, investigado por deforestar la Amazonía. Es decir, que “protegió” la tala ilegal del Pacto de Escazú. Pese a que ya había sido denunciada por utilizar a sus trabajadores del Congreso para la campaña de su esposo, Rosio Torres cometió el mismo ilícito dos veces. El trabajador Samuel Navarro, fue captado apoyando la campaña política de su esposo Fernando Meléndez en Yurimaguas, en una serie de mítines y caravanas.
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