En pleno verano, algunos congresistas deben estar anhelando trabajar desde la comodidad de la playa, como en su momento lo hizo el extinto Hernando Guerra-García. Por ello, el 30 de enero, el Departamento de Logística del Congreso de la República emitió la orden de servicio N.° 74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco, por un monto de más de 141 mil soles, para que realice un “servicio de consultoría para la elaboración del proyecto de evaluación arqueológica (PEA) para la elaboración del expediente técnico del proyecto ‘Construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios’, distrito de Santa María del Mar».
Tras la difusión de la noticia, aseguraron que de ninguna manera buscaban iniciar la construcción de la sede de su «centro de capacitación», sino que solo querían ver si el terreno que les fue cedido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), estaba libre de vestigios arqueológicos. Lo cierto es que el comunicado también afirma que cualquier uso que se le dé al terreno dependerá de los estudios. Y también de las «necesidades propias del Congreso».
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