Jaime Villanueva acaparó titulares durante todo el 2024. Fue él quien marcó la caída de Patricia Benavides y desató un sinfín de especulaciones contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, como José Domingo Pérez, e incluso metió en el saco al periodista Gustavo Gorriti. Algunos creían ciegamente en sus declaraciones, otros no, y algunos solo cuando les convenía. Lo cierto es que Villanueva presentó serias inconsistencias en sus testimonios y, además, parecía estar más motivado por resentimientos personales que por la verdad.
Por eso, el Ministerio Público declaró que su testimonio no es verosímil y, por lo tanto, no puede ser acreditado como colaborador eficaz. Al menos en los casos que involucran a los exfiscales de la Nación Patricia Benavides y Pablo Sánchez. También al expresidente del CNM, Pablo Talavera, y a la congresista Ruth Luque. Además, al fiscal Rafael Vela y al exfiscal Marco Huamán.
Al parecer, Jaime Villanueva aún le guarda harto rencor a Pablo Sánchez por haberlo cesado como gerente central de la Escuela del Ministerio Público. De igual forma, resulta poco creíble su versión de que Rafael Vela y Ruth Luque habrían negociado en secreto el archivo de una investigación contra Pedro Castillo a cambio de nombrar ministros a Anahí Durand y Pedro Francke. No existe ni una sola prueba o testigo que lo respalde. En total, son tres casos en los que la palabra de Villanueva no vale nada. Vaya, qué sorpresa.
Congresista Jorge Montoya presenta denuncia constitucional contra 4 exfiscales por supuestamente haber favorecido a Vizcarra
Luego de que el Congreso le diera luz verde sin titubear a la denuncia constitucional impulsada por Jorge Montoya contra Francisco Sagasti, el otorongo quiere más. Ahora va tras Martín Vizcarra y contra quienes, según él, no se apuraron en tumbarlo antes. Por eso, ha presentado una denuncia constitucional contra cuatro exfiscales. Los acusados son los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Villena, quienes integran la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, además de la destituida Patricia Benavides. La razón es no haber acelerado las investigaciones contra Vizcarra por una denuncia presentada en 2019 por la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma sobre el caso Obrainsa.
Según Montoya, la denuncia se interpuso cuando Zoraida Ávalos era fiscal de la Nación y que, increíblemente, tuvieron que pasar más de cinco años para que el caso llegara a los fueros judiciales. Montoya ahora está desesperado por que esta denuncia avance rápido, porque en 2027 el caso prescribiría. Mientras tanto, Vizcarra ya fue sancionado constitucionalmente dos veces, enfrenta procesos judiciales y también le aprobaron otra denuncia por el caso Vacunagate. Una más, una menos… ¿le importará mucho?
Dina Boluarte presentó a 200 abogados entrenados para defender a los efectivos policiales
Dina Boluarte, en su rol de Capitana Honoraria de la PNP, anunció que su gobierno no escatima en creatividad para proteger a la Policía Nacional de esos villanos modernos llamados «procesos judiciales». Con la solemnidad de quien acaba de descubrir la fórmula contra la delincuencia, presentó a la promoción 2025 denominada «Los leones de la Ley». Son 200 abogados encargados para defender a los efectivos que, según ella, «arriesgan sus vidas» y luego son perseguidos por usar su arma de reglamento. «¡Nunca más un policía será abandonado!», exclamó Boluarte.
Eso sí: la seguridad ciudadana avanza… siempre que los policías tengan su ejército legal personal y las ONG dejen de ser fanáticas de los Derechos Humanos. ¿El mensaje? En este Perú de Boluarte, si un policía te apunta, mejor sonríe… o vendrá un «León de la Ley» por ti en la corte.
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