El gobernador Rohel Sánchez está siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por no haber gestionado el retorno de la administración y posesión de tres predios en el ecosistema frágil de Lomas de Cachendo, en la provincia de Islay (Arequipa), cuyo poder se encuentra actualmente en manos de la empresa Southern Perú para el desarrollo del Proyecto Minero Tía María. Pero, Sánchez, rechaza que su gestión tenga responsabilidad y asegura que el problema se heredó de gestiones anteriores.
¿Qué omisión va a haber de un caso que data de antes de la pandemia?… Esa [situación] no es gestión nuestra, eso es gestión que se ha hecho antes de la pandemia
Gobernador Rohel Sánchez
La investigación, contenida en la Carpeta Fiscal N° 503-2025-1770-0, también involucra a otros funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA): Víctor Hugo Quispe Rodríguez, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Luz María Torres Tejada, jefa de la Oficina de Acondicionamiento Territorial; y Norma Mamani Coila, exgerente general del GRA.
Autoridades omiten funciones
Southern Perú Copper Corporation recibió del Estado la concesión para desarrollar el Proyecto Minero Tía María y, en ese contexto, solicitó la servidumbre de tres terrenos en el sector Pampa Cachendo, en los distritos de Cocachacra y Mejía. Estos predios, registrados a favor del Estado Peruano en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), terminaron cedidos para la construcción del proyecto minero.
Según la investigación fiscal, la SBN entregó estos terrenos, mediante Actas de Entrega y Recepción, a Southern en 2014 y 2015. Sin embargo, solo uno de ellos, de 49 hectáreas, obtuvo una resolución formal de servidumbre, mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 150-2018-GRA/GGR, en julio de 2018, con una vigencia de 21 años.
Un punto clave del caso es que esta servidumbre no tiene inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), lo que impidió que otras entidades estatales conocieran la entrega del predio a la empresa minera. “La no inscripción del otorgamiento de la servidumbre esconde la existencia de esta e impide que los otros organismos del Estado tomen conocimiento de la entrega del predio, a favor de la empresa minera”, detalla la resolución fiscal.
Los otros dos predios, de 1,137 hectáreas y 208 hectáreas, también los cedió la SBN a Southern de manera provisional, pero no obtuvieron una resolución formal de servidumbre, como el anterior predio. Según las actas de entrega y recepción, la minera debía asumir los costos de servicios básicos de agua, fluido eléctrico, mantenimiento general, y tributos generados por la posesión de los terrenos. No obstante, la denuncia sostiene que Southern incumplió estas obligaciones y que los funcionarios del GRA no tomaron medidas para exigir su cumplimiento. “Generándose con su conducta omisiva un perjuicio a la correcta administración pública y daño al patrimonio del Estado”, señala la denuncia.
No recuperaron terrenos que serán usados para Tía María
En noviembre de 2020, mediante la Ordenanza Regional N° 437-AREQUIPA, los terrenos de Pampa Cachendo se zonificaron como áreas aptas para cultivos de frutales y otros cultivos perennes con acceso a recursos hídricos subterráneos, según la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Arequipa. Este uso del suelo resulta incompatible con las actividades planificadas en el Proyecto Minero Tía María, que incluyen la construcción y operación de una planta de procesamiento de minerales y depósitos de ripios y relaves.
Debido a esta zonificación, la entrega provisional de los terrenos debió anularse, y el Gobierno Regional o la SBN tenían la responsabilidad de recuperar los predios y la minera debió devolverlos en un plazo máximo de 10 días.
Además, las actas de entrega y recepción contenían una cláusula que permitía la revocación del uso del terreno si se detectaban vulneraciones a normativas de protección ambiental, patrimonio cultural u otras restricciones legales. Pese a estas disposiciones, la denuncia sostiene que el gobernador Rohel Sánchez y los funcionarios investigados no tomaron ninguna medida para recuperar los predios. Permitieron que Southern continúe su posesión sin cumplir con las obligaciones establecidas.
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