Las cosas no pintan bien para el gobierno. Tras las pedradas contra Santivañez en su última aparición pública, parece que la desesperación cunde en el Ejecutivo.
Luego de la penosa muerte de Paul Flores y el creciente llamado a marchar este 21 de marzo en rechazo al Gobierno, el Ejecutivo ha decidido apostarlo todo a la pena de muerte. Según Adrianzén, la presidenta no solo quiere aplicarla a delincuentes, sino a todos los que cometan delitos «de sangre».
Una medida alarmante que intenta calmar a la población más indignada, pero que, de aprobarse, sería el inicio de un Estado aún más represivo y peligroso. Porque si este gobierno no tuvo reparos en reprimir con armas de fuego a quienes protestaban durante sus primeros meses de gobierno, ¿qué se puede esperar?