Human Rights Watch (HRW) ha compartido su oposición a la llamada «ley anti-ONG» aprobada por el Congreso peruano. Según HRW, que es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, esta ley restringiría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil. La medida, a punto de convertirse en Ley, otorgaría al gobierno amplios poderes para sancionar a las ONG que critiquen sus acciones.
La ley permitiría al gobierno fiscalizar el financiamiento extranjero de las ONG, bloquear proyectos que utilicen estos fondos. También se establecerá multas o se podrá cancelar el registro de organizaciones que, según a criterio del gobierno, hagan un «uso indebido» de los recursos. Esto incluye brindar apoyo legal en casos de violaciones de derechos humanos contra el Estado.
«El proyecto de ley utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, otorgaría al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a organizaciones que critiquen o se opongan al accionar gubernamental. Esta iniciativa forma parte de un patrón más amplio de acciones del Congreso destinadas a socavar las instituciones democráticas, debilitar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y el crimen organizado y la independencia judicial».
parte del pronunciamiento de Human Rights Watch.
HRW también ha señalado que la ley obligaría a las ONG a revelar públicamente sus direcciones, planes y proyectos, lo que podría exponerlas a riesgos de intimidación. Además, consideran que esta medida forma parte de un patrón más amplio de acciones destinadas a debilitar las instituciones democráticas y la independencia judicial.
No solo es la Ley Anti-ONG: Congreso impulsa nueva Ley Mordaza y Sociedad Interamericana de Prensa alerta recorte de derechos
En medio de destapes sobre Dina Boluarte, ministros y legisladores, el Congreso impulsa Ley que criminalizaría investigaciones periodísticas. La propuesta añade de manera antijurídica el delito de “violación a la intimidad” y otras limitaciones a la prensa.
La arremetida del Congreso contra el trabajo periodístico se da tras las investigaciones sobre una presunta red de proxenetismo al interior del Parlamento. El presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, ha negado esas acusaciones.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Sociedad Interamericana de Prensa, Comité para la Protección de Periodistas, han expresado su rechazo a un texto sustitutorio en proyectos de ley impulsados desde el Congreso peruano.
La iniciativa ya está aprobada en primera votación por el Congreso. La propuesta legislativa endurece las sanciones por delitos de difamación y calumnia. Además, modifica el derecho de rectificación en los medios de comunicación.
Según diversos pronunciamientos, la propuesta representa una grave amenaza a la libertad de expresión e información. Lo impulsado desde el Congreso, a punto de convertirse en Ley, derivaría en la criminalización de investigaciones periodísticas sobre presuntos delitos de funcionarios y autoridades.
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