La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP, cuestionó la propuesta del Gobierno para imponer una “franja informativa” que difunda las actividades del Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad, lo que supondría una modificatoria a la Ley de Radio y Televisión.
De acuerdo con el anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, “los medios de comunicación tendrán que difundir, en estados de emergencia, las acciones y actividades que realiza el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana”, acotó.
Para la ANP, esta propuesta es una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación que es inaceptable en democracia. “Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo”.
Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación, sostiene la organización.
Asimismo, hacen notar que si dicha franja se implementa en los “estados de emergencia” en la práctica, es establecerla de manera permanente, “dado el uso desmedido y poco planificado de estos regímenes de excepción por parte del Ejecutivo”.
Franja informativa interfiere con principios de pluralidad de puntos de vista
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana toma la ‘franja informativa’ como una amenaza contra la prensa libre y el derecho ciudadano a recibir información plural sobre las acciones del gobierno contra la inseguridad ciudadana durante estados de emergencia.
“Más allá de que el gobierno ha sido confuso sobre los alcances de la iniciativa, pretender obligar a los medios de comunicación a informar a la población de modo exclusivo y sin posibilidad de edición, interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista, de fiscalización y de independencia”, afirman.
La ciudadanía será la perjudicada en su derecho a información contrastada e imparcial, ya que puede terminar siendo sujeto de desinformación gubernamental. También recuerdan que esta imposición se da luego de que varios funcionarios del Gobierno, incluyendo la presidenta Boluarte, han acusado a la prensa de golpista.
Para el Consejo de la Prensa Peruana la franja supone un intento de favorecer la imagen de un gobierno con baja aprobación en un asunto crítico para la población, como es la inseguridad cuando, la ciudadanía puede constatar que los medios ya ofrecen una amplia cobertura sobre esta y el trabajo de la Policía.
Recordaron además que las acciones de Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana también se pueden difundir a través de medios estatales, mecanismos de publicidad y con las respuestas que la presidenta ofrezca al ser entrevistada.
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