En la presentación del nuevo presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (CONFIEP), Jorge Zapata, junto con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrial de Arequipa (CCIA), Julio Cáceres, se remarcó la importancia de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Según dijeron, ha perjudicado gravemente al sector empresarial a nivel nacional, generando pérdidas importantes a nivel económico. Además, ha puesto en situación de vulnerabilidad a los empresarios peruanos, quienes en lo que va del año ya han sido víctimas de numerosos casos de extorsión y asesinato.
Zapata declaró que en el periodo anterior se extendieron varios reclamos al gobierno central para tomar acción respecto a la creciente ola de criminalidad, incluso aliándose con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y varios gremios, acciones que se continuarán durante su mandato. Remarcó que la inseguridad en el país es un problema prioritario para el sector empresarial, y que ya afecta directamente en el ámbito económico, pues según informe de BBVA, 3.1% del PIB nacional se pierde por los niveles de delincuencia en el país.
La inseguridad: un problema estructural
El presidente de la CONFIEP resalta la falta de coordinación entre las organizaciones policiales y el ministerio del Interior con la Fiscalía, acusándose mutuamente de una falta de investigación por parte de la policía como de la falta de severidad en las sentencias.
Esto responde a las complicaciones que se han presentado durante el último año en el procesamiento de delitos, a través de modificaciones de ley. Siendo una de las más importantes el otorgamiento de facultades a la policía para realizar las investigaciones preliminares de un crimen, en lugar de la fiscalía, modificación hecha en octubre del año pasado y que generó numerosas críticas ante la falta de capacitación de las entidades policiales para llevar a cabo este tipo de labor.
Acciones sin resultados
Recordemos que las cifras de criminalidad y extorsión siguen en aumento. En 2024, el año más violento en los últimos 8 años, con se terminó 2057 homicidios, según estadísticas gubernamentales, y más de 15 mil denuncias por extorsión.
En la actualidad, tras la remoción del Santiváñez como ministro de Defensa, la principal medida que se está tomando es la de un estado de emergencia en Lima y Callao. Medida que ya demostró no tener resultados significativos y que, incluso, deja la puerta abierta para cometer violaciones a los derechos de la ciudadanía.
