El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) enfrenta serias observaciones por parte de la Defensoría del Pueblo debido a la falta de información precisa sobre el avance y cronograma de ejecución de los proyectos de inversión pública. Así lo informó Andrea Sarayasi Tejada, jefa de la oficina defensorial en Arequipa, durante la presentación del resultado del informe sobre las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas entre 2023 y 2024.
Pese a que el marco legal exige transparencia activa y la obligación de reportar con detalle el estado de los proyectos —incluyendo el código único de inversión, nombre, estado actual, gestiones realizadas, responsables y fecha de culminación—, los reportes del GRA carecen de estos elementos básicos. La omisión afecta la capacidad de la ciudadanía para ejercer control social efectivo y socava la transparencia en la gestión regional.
Durante las cinco audiencias se mencionaron más de 150 proyectos en algunos casos, pero menos del 50% de ellos contaban con la información mínima exigida. Además, en ninguna de las sesiones se detallaron las fechas de culminación de obras, lo que impide conocer cuándo los proyectos comenzarán a brindar servicios a la ciudadanía.
Deficiencias en auditorías, protocolos y seguimiento de denuncias en GORE Arequipa
De acuerdo con resultados del informe de la Defensoría del Pueblo, aunque el GRA ha incluido algunos avances en transparencia e integridad, como la aprobación de programas anticorrupción y la capacitación de servidores públicos, persisten importantes vacíos. Por ejemplo, no se cuenta con protocolos estandarizados para la gestión de denuncias, y no se informa sobre el estado de las investigaciones iniciadas tras las denuncias por inconducta funcional. En la audiencia de septiembre de 2024, se reportó que 26 denuncias fueron derivadas, pero sin claridad sobre su seguimiento o resultados.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo identificó que el contenido de las audiencias no abarca integralmente todos los indicadores establecidos por la normativa vigente, como la ejecución de políticas públicas, adquisiciones, ni el funcionamiento de espacios de concertación. Solo dos de cinco audiencias incluyeron menciones generales a espacios de participación ciudadana, sin detallar actas, acuerdos ni actores involucrados.
El GRA tampoco cumplió con publicar previamente los resúmenes ejecutivos ni brindar espacios adecuados para la discusión informada. En algunos casos, las convocatorias se realizaron con solo dos días de anticipación, lo cual vulnera el principio de participación ciudadana efectiva.
