La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Morgan Niccolo Quero Gaime, en su actuación como ministro de Educación.
La denuncia constitucional es por el presunto delito de incitación a la discriminación, por sus expresiones al llamar ratas a las víctimas de protestas contra Dina Boluarte, en una entrevista que realizó La República en diciembre de 2024.
«Presento la denuncia constitucional contra Morgan Quero en su actuación como ministro de Educación por el presunto delito contra la humanidad en la modalidad de incitación a la discriminación», anunció la Fiscalía de la Nación a través de su cuenta de X.
¿Qué fue lo que dijo Morgan Quero, ministro de Educación?
Como se recuerda, cuando el pasado 11 de diciembre un periodista de La República le consultó a Quero por qué el Gobierno de Boluarte no se había pronunciado sobre los fallecidos en las protestas en el marco del Día de los Derechos Humanos, el ministro de Educación respondió: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.
Esto lo dijo en clara alusión a las víctimas de la represión ocurrida entre finales de 2022 y principios de 2023.
Estas declaraciones fueron rechazadas por diversos sectores y actores de la sociedad civil, pero especialmente por los familiares de las víctimas de las protestas sociales, quienes hasta ahora no encuentran justicia a sus pérdidas.
¿Qué argumenta la Fiscalía para la denuncia constitucional?
La Fiscalía, en su sustentación para la denuncia, refiere que “las expresiones emitidas por Quero, al minimizar y desvalorizar las muertes ocurridas durante los conflictos sociales que se dieron en el actual gobierno, constituyen un acto de discriminación”.
«Este comportamiento proviene de un representante del Estado, quien, conforme al marco jurídico nacional e internacional, tiene el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Dichas conductas, ejercidas desde una posición de poder institucional, no solo vulneran la dignidad de las víctimas, sino que contravienen directamente las obligaciones positivas del Estado de crear condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sin exclusiones ni restricciones arbitrarias», sostiene la Fiscalía en la investigación contra el ministro de Educación.
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