El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó la iniciativa del Congreso para reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18 % al 14 % para el Tesoro Público y 4 % al Foncomun, asegurando que no reducirá los recursos del Estado, solo los redistribuirá.
Aunque diversos expertos cuestionaron la propuesta, el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes se mostró a favor y explicó que actualmente el IGV es del 18 %. El 2 % del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) y el 16 % que va directo al Erario Nacional, que ahora será de 14 % y el Foncomun de 4 %, al 2029.
“El 18% se va a seguir cobrando. Eso no va a cambiar. Simplemente (cambia) cuál va a ser la forma en la cual hoy se asignan los recursos a las municipalidades provinciales y distritales”, declaró.
El IPM se reparte a través del Foncomún a todas las municipalidades provinciales y el monto se distribuye en los gobiernos distritales, según el número de población y otros factores. No obstante, estos recursos son menores para algunas comunas.
¿Qué problemas traerá esta norma para el futuro?
Pérez Reyes aseguró que esta norma no reducirá los recursos del Estado, pero sí los redistribuirá en beneficio de los municipios. Con la redistribución del IGV, el 4% -hasta el 2029- subirá el presupuesto a los municipios distritales, que en promedio es de S/ 1.800 millones que solo cubre planillas y servicios básicos.
Sin embargo, uno de los problemas que ven los especialistas es que los efectos de la reducción del IGV al 14%, serán asumidos por el siguiente presidente del Perú, entre otros.
Luis Arias Minaya, economista y exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), advirtió en RPP que la nueva ley que redistribuye el IGV, “pone en riesgo la estabilidad fiscal del país, al generar un forado de S/ 10,000 millones sin fuente de financiamiento. Además, califica la medida como populista, inconstitucional y perjudicial para el próximo gobierno”.
“Se está aumentando el gasto público”
Dijo además que, esta ley carece de sustento técnico y no contó con la opinión del MEF antes de su aprobación. “La pérdida anual de 10.000 millones de soles para el Estado, equivale a un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI)”, acotó.
“La norma transfiera la carga fiscal al próximo gobierno” por lo que la calificó como una “farra fiscal populista” que beneficia a más de 2.000 municipios al duplicar sus recursos, sin garantizar que estos se destinen exclusivamente a inversión pública”.
Con la ley del Congreso “se está aumentando la parte del presupuesto que va para los municipios, y se está reduciendo la parte del presupuesto que queda en el Gobierno central. Entonces, en la práctica, no es que se esté modificando un impuesto. Lo que se está haciendo es aumentar el gasto público”, apuntó.
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