La Contraloría General de la República confirmó el abandono de funciones por parte de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya (Arequipa) los días 2 y 17 de junio. Estas fechas fueron claves en el debate por la vacancia del alcalde Roberto Muñoz Pinto, las acusaciones presentan que servidores públicos fueron utilizados como “fuerza de choque” en las manifestaciones.
La regidora Magaly Agramonte presentó una denuncia penal por el delito de peculado, es decir, el uso de megáfonos y equipos de sonido de la municipalidad en las protestas, además de la movilización con vehículos de la comuna y ausencia injustificada en horario laboral.
“Esto evidencia una red de protección al alcalde usando recursos públicos”
Regidora del Distrito de Socabaya Magaly Agramonte
El alcalde Muñoz Pinto tiene un plazo de 5 días para presentar acciones correctivas y esclarecer los hechos. La Fiscalía Anticorrupción investiga los presuntos delitos presentados por la regidora y se está a la espera de las respectivas sanciones directas.
¿Qué encontró la Contraloría de Arequipa?
En el informe presentado por la Contraloría, el Oficio N.° 018-2025-OCI/1313-SOO se detalla lo siguiente:
- Se encontraron oficinas vacías: el área de liquidaciones, defensa civil, administración y mesa de partes quedaron desatendidas.
- Personal mínimo: en algunas dependencias solo había 1 o 2 trabajadores afectando a distintos programas sociales como el Vaso de leche.
- Hostigamiento a regidores.
Este abandono de funciones causó un impacto en el distrito de Socabaya, ya que se vio afectada la atención al ciudadano con oficinas cerradas y trámites paralizados. Otros programas sociales se vieron perjudicados, donde personas con discapacidad tuvieron que esperar, además de poner en riesgo la confianza institucional, un grave riesgo de politización del aparato estatal.
