Luego de que la Comisión de Fiscalización evaluara, debatiera y votara, aprobaron el informe final que recomienda vacar a la presidenta de la República, Dina Boluarte por el caso Cofre que involucraría un presunto encubrimiento al prófugo y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el uso indebido del vehículo presidencial.
A la sesión asistieron solo los congresistas Isaac Mita de Perú Libre y Carlos Zeballos de Podemos Perú, pese a que Eduardo Salhuana como presidente del Congreso, exhortó a los parlamentarios recordar que las sesiones de los diferentes grupos de trabajo deberían ser presenciales.
En el informe también se recomienda que se otorgue facultades de comisión investigadora a este grupo de trabajo; la reforma del reglamento para facultades permanentes de este grupo de trabajo y; evaluación de una posible infracción penal para al menos 9 personas.
Entre estas nueve personas están, el exministro del Interior, Juan Manuel Santiváñez Antúnez, el general PNP, Víctor José Zanabria Angulo, Óscar Arriola Delgado y la evaluación de vacancia por incapacidad moral permanente contra la mandataria Boluarte.
¿Quiénes votaron a favor y en contra?
Los congresistas que votaron a favor fueron Juan Burgos, de Podemos Perú; Héctor Acuña, de Honor y Democracia; Patricia Chirinos, de Renovación Popular; Ariana Orué, de Podemos Perú; Margot Palacios, No agrupada; Hilda Portero, de Acción Popular; Edgard Reymundo, de Bloque Democrático Popular; Pasión Dávila, de Bancada Socialista y Carlos Zeballos, de Bloque Democrático Popular.
En contra votaron, Segundo Montalvo, de Perú Libre; Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso e Isaac Mita, de Perú Libre.
En abstención, Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.
No respondieron al llamado de la votación, Héctor Ventura, de Fuerza Popular; David Jiménez, de Fuerza Popular; Elvis Vergara, de Acción Popular, en tanto dos congresistas estaban con licencia.
¿Qué más dice el informe?
Asimismo, recomiendan “que se lleven a cabo acciones civiles para obtener la restitución de recursos usados de manera indebida, además de iniciar un proceso disciplinario que pueda incluir la inhabilitación de cargos públicos sobre la jefa de Estado”.
Según el informe, “hubo un uso indebido de esta unidad y obstaculización de la justicia, mediante un presunto intento de favorecimiento y encubrimiento para dar facilidades a Cerrón Rojas”.
E incluye como recomendación evaluar «si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente».
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