La Fiscalía de Arequipa formalizó y amplió la investigación preparatoria contra el comandante general de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo, por presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente de la IX Macro Región Policial de Arequipa. El alto mando policial deberá declarar este 20 de junio a las 9:00 a.m. en la sede fiscal, acompañado de su abogado defensor.
Según documentos del Ministerio Público, a Víctor Zanabria se le acusa de abuso de autoridad, peculado doloso, colusión agravada y negociación incompatible, entre otros. Las irregularidades investigadas se remontan al período 2019-2020, cuando se habrían realizado contrataciones irregulares en obras financiadas con fondos públicos.
Entre los casos más relevantes destacan:
- Remodelaciones en el complejo policial, incluyendo el patio de armas, la fachada de piedra laja y el cenotafio, ejecutadas por personal policial fuera de su horario laboral y con recursos institucionales.
- Una contratación simulada de patrullaje a pie por más de S/ 17,000, sin evidencia de que el servicio se haya prestado.
Movimientos financieros
La investigación reveló transferencias de dinero entre el contratista Claver Fredy Colquehuanca Quispe y funcionarios de la IX MACREPOL, incluyendo depósitos a cuentas de Rolando Rodríguez Bilbao, operador logístico de la institución. Además, se encontraron coincidencias telefónicas que respaldarían la hipótesis de coordinación en los presuntos actos ilícitos.
Junto a Víctor Zanabria, también figuran como investigados:
- Coronel Francis Alarcón Gallegos
- Coronel Luis Cancela Roggero
- Suboficial Rolando Rodríguez Bilbao
- Claudia del Castillo Chávez, exfuncionaria de la IX MACREPOL
El contratista Colquehuanca Quispe, señalado como beneficiario irregular, habría realizado giros de dinero a los involucrados.
Fiscalía en Arequipa
La Fiscalía basa su investigación en los artículos 376 (abuso de autoridad), 387 (peculado doloso) y 384 (colusión agravada) del Código Penal. Según el Ministerio Público, existen suficientes elementos de convicción para continuar con el proceso, dado que los actos administrativos, registros de comunicación y movimientos financieros presentarían patrones de coordinación ilícita.
El caso sigue en marcha bajo la supervisión del procurador público especializado en delitos de corrupción.
