El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, afirmó que “la vacancia presidencial aprobada por el Congreso fue un ‘golpe de Estado’ porque se realizó en condiciones arbitrarias e inconstitucionales” para su defendida.
Campos Torres aseguró que el proceso realizado por el Congreso vulneró derechos fundamentales, especialmente el plazo razonable para ejercer la defensa, lo que constituye una falta grave al debido proceso, por lo que le ha sugerido a la expresidenta, presente un amparo.
El jurista refirió que el procedimiento fue exprés y sin las garantías mínimas que requiere un proceso de esta naturaleza porque no se le otorgó tiempo suficiente para preparar su defensa ante el pleno del Congreso y criticó que se realizara en la madrugada, en condiciones que calificó como irregulares y poco transparentes.
«Cuando está en juego la permanencia de un presidente elegido en urnas, el proceso debe ser público, transparente y razonable en los plazos», dijo a Canal N. Y comentó que por eso le ha recomendado a la expresidenta presente un amparo «porque el Perú ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares».
“Este tipo de acciones políticas derivan en un parlamentarismo no declarado”
Enfatizó que el Congreso “no puede actuar con mayorías circunstanciales cuando se trata de decisiones que afectan la estabilidad democrática y la continuidad institucional del país”.
Para el abogado, la vacancia «claro que es un golpe de Estado… Porque se trató de una interrupción democrática ejecutada sin sustento constitucional. En los estados constitucionales, las decisiones se toman conforme a la Constitución, no a mayorías circunstanciales», enfatizó.
Consideró que “este tipo de acciones políticas consolidan una deriva hacia un parlamentarismo no declarado, donde se abre la puerta a la arbitrariedad política sin respaldo probatorio”.
Para concluir, añadió sobre los pasos legales a seguir que, el Poder Judicial tiene competencia para resolver un amparo de manera autónoma, incluso si el Congreso se opone al fallo.
«La justicia constitucional ha señalado que los procesos políticos también deben respetar garantías mínimas. Lo ocurrido fue una vacancia exprés que no cumple con esos estándares», finalizó.
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