Martín Ojeda, vocero del gremio Transportes Unidos, y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, se sumaron a las críticas contra los jóvenes que marcharon el 15 de octubre. En concordancia con el Congreso, aseguraron que, cuando ellos salieron a protestar, lo hicieron de forma pacífica y no buscando la violencia, como, según afirmaron, sí lo hicieron algunos manifestantes jóvenes, a quienes reprocharon por “dividir al país y generar caos” contra las instituciones públicas. El congresista Fernando Rospigliosi también condenó estos actos, señalando que, por culpa de esos grupos violentos, los recursos de la Policía se desperdician en controlar disturbios en lugar de combatir la criminalidad.
Sin embargo, horas después de respaldar plenamente al Congreso y a la PNP, en Lurín una combi informal fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego contra el chofer, la cobradora y los pasajeros.
En el ataque, el chofer Yorbel Salazar Romero (42 años) murió de manera inmediata, y su copiloto también falleció debido a las heridas recibidas.
Además, cuatro pasajeros resultaron heridos, algunos en estado grave, y fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.
Como reacción al ataque, los transportistas informales decidieron paralizar sus labores y realizar un pagado de motores por 3 minutos en demanda de seguridad.
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