El horizonte electoral de 2026 se perfila bajo una atmósfera de sospecha. En este escenario, la neutralidad de los organismos electorales no es solo una exigencia formal, sino el último dique de contención frente al colapso democrático. Según la Dra. Delia Espinoza —cuya salida de la Fiscalía de la Nación no fue un cese ordinario, sino un «destierro del cargo» ejecutado mediante una sucesión inconstitucional—, el país asiste a un desmantelamiento deliberado de las garantías institucionales.
Ella opina que, sin un árbitro cuya imparcialidad sea incuestionable, el proceso electoral carece de legitimidad, dejando a la ciudadanía a merced de una estructura de poder que ha priorizado el blindaje de intereses particulares sobre el bienestar nacional.
Desafíos a la integridad del sistema electoral y la neutralidad institucional
Preguntada por su confianza en el sistema electoral, Espinoza dijo que la legitimidad de cualquier democracia reside en la distancia profiláctica que el árbitro electoral mantenga respecto a los jugadores. Y señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha permitido la filtración de sospechas que erosionan su autoridad moral.
Entre ellas citó: los encuentros del presidente del JNE con diversos actores políticos meses antes del inicio formal del proceso rompen la estética de imparcialidad necesaria en un sistema de justicia electoral. Además, la denuncia sobre el ingreso de la lideresa de Fuerza Popular a las instalaciones del JNE sin el registro formal obligatorio. «Que una figura política evada los controles que rigen incluso para el personal administrativo constituye un acto de subversión institucional que sugiere una proximidad indebida y peligrosa», dijo.
Por último citó la opacidad de la última instancia electoral, pues al ser el JNE el tribunal definitivo, cualquier sombra sobre su neutralidad invalida de origen los resultados de 2026.
El Congreso y el diseño de un marco legal para la autoperpetuación
Sobre el Congreso de la República, Delia Espinoza señaló que, desde el análisis jurídico-parlamentario, el actual Congreso ha perpetrado un «fraude a la Constitución». «Al imponer la bicameralidad y la reelección inmediata —reformas rechazadas por la voluntad popular en el referéndum de 2018—, los legisladores han secuestrado la soberanía nacional para asegurar su permanencia en un ´espacio de confort´ que incluye privilegios como un seguro privado de 9 millones de soles y una duplicación del presupuesto institucional en menos de cinco años», acusó.
Añadió que el marco legal ha sido manipulado para anular la competencia equitativa, señalando como ejemplos principales la eliminación de las PASO y la campaña que realizan los parlamentarios con recursos públicos.
Espnoza cree que al suprimir las primarias, el Congreso ha provocado la fragmentación deliberada con 36 organizaciones políticas, creando una cédula de votación inmanejable. «Esta maniobra asegura el control de las cúpulas y evita que los actuales congresistas se sometan al filtro ciudadano inicial que no lograrían superar», dijo..
Y sobre la autorización para que los legisladores realicen proselitismo mientras ejercen el cargo y perciben sueldo estatal la calificó commo una «infracción constitucional» flagrante. «Al romper la exclusividad de la función legislativa, se desnaturaliza el servicio público para convertirlo en una plataforma de financiamiento estatal de campañas privadas. Este control legislativo ha colonizado estratégicamente los órganos de control constitucional, transformando al Tribunal Constitucional en una extensión de su voluntad», concluyó.
El Tribunal Constitucional bajo escrutinio: ¿garante o abogado de la impunidad?
Para Delia Espinoza, el Tribunal Constitucional (TC) ha claudicado en su rol de guardián de la Carta Magna para interferir de manera flagrante en la función jurisdiccional del Poder Judicial, vulnerando el Artículo 139.2 que prohíbe a cualquier autoridad abocarse a causas pendientes.
Mencionó el caso de Vladimir Cerrón quien tiene una condena ratificada y órdenes de captura renovadas ante su condición de prófugo de la justicia. Dijo que el TC actuó como su abogado al entorpecer la persecución penal vigente con un trámite hiperrápido de un Habeas Corpus para anular su prisión preventiva.
Y sobre el caso Cocteles que involucraba a Keiko Fujimori, acusó una interferencia directa mediante la anulación de disposiciones judiciales, atropellando el debido proceso para favorecer a los imputados en un juicio en curso.
Así, Espinoza cataloga como «atropellos sucesivos a la estabilidad nacional» la validación de la Ley 32107 (prescripción de delitos de lesa humanidad) y las leyes de amnistía.
«Estas decisiones no solo son «impensables» para un jurista respetuoso de los tratados internacionales, sino que normalizan la impunidad y convalidan normas que permiten a los congresistas tener iniciativa de gasto, quebrando la estabilidad fiscal. Este asedio ha dejado el camino expedito para la captura del Ministerio Público».
La captura del Ministerio Público y el riesgo de la verticalidad «castrense»
La oficialización de Tomás Aladino Gálvez como Fiscal de la Nación -desde su punto de vista- cristaliza el retorno de la red de influencias de los «Cuellos Blancos». Para Espinoza, este relevo «es el resultado de una votación nula de pleno derecho —dada la participación ilegal de Patricia Benavides a pesar de su inhabilitación— y consolida lo que la ciudadanía denomina un ´pacto mafioso´».
Manifestó particular preocupación por el proyecto de Ley Orgánica que ha presentado Tomás Gálvez, el cual observa por varias razónes. Entre ellas, que se establece una verticalidad tipo castrense que lograría que el superior controle el criterio del fiscal provincial, eliminando la autonomía individual que la Constitución garantiza a los magistrados.
Además, de la anulación de la independencia fiscal, pues al obligar a la obediencia jerárquica en las investigaciones, se violan los Artículos 146 y 158, que otorgan a los fiscales las mismas prerrogativas de independencia que a los jueces.
Y, por último, el control de casos estratégicos que se lograría con esta estrutura, pues permitirá manipular o detener investigaciones de alta corrupción según conveniencia política.
«La degradación institucional ha llegado al punto de enviar «adjuntos supremos kamikazes» a provincias para intentar arrebatar el control de casos anticorrupción a fiscales provinciales, quienes han resistido invocando su autonomía. Ante este vacío de autoridad ética, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se erige como el último contrapeso», anunció.
La hoja de ruta del Colegio de Abogados de Lima frente a las «leyes procrimen»
A partir del 6 de abril, el Colegio de Abogados de Lima, será conducido por Delia Espinoza. Cuestionada al respecto, dijo como primer anuncio que el CAL debe recuperar su sitial como la «conciencia jurídica de la nación», enfrentando el desmantelamiento del sistema de justicia.
Así, anunció como los ejes principales de su accionar, la actividad derogatoria. Es decir, reimpulsar y fortalecer los proyectos de ley para derogar las «leyes procrimen», devolviendo la eficacia a la persecución penal frente a la criminalidad organizada.
También mencionó al eje de la vigilancia, que consistirá en actuar como voz crítica ante las inconstitucionalidades normalizadas y denunciar el asalto a la autonomía de los magistrados.
Por último, mencionó la institucionalidad, comenzando por proponer una reforma del diseño constitucional para que la elección del Defensor, el TC y el Contralor «deje de ser un reparto de cuotas políticas en el Congreso».
El voto como herramienta de defensa democrática
Finalmente, Delia Espinoza hizo un llamado a una meditación razonada que trascienda la emoción y el agasajo. «El poder no emana de los representantes —que hoy actúan como dueños del Estado— sino del pueblo, quien solo delega su autoridad para el bien común», reflexionó.
Así, esbozó algunos criterios para voto: hacer un examen de la realidad, si se ha mejorado la salud, la educación, la seguridad o si solo ha crecido el presupuesto del Congreso, mientras las carreteras y la alimentación infantil (Qali Warma) colapsan.
También mencionó la necesidad de identificar a las mafias de la política y rechazar candidaturas financiadas por economías ilegales (minería ilegal y narcotráfico) que compran leyes de impunidad.
Luego, en su criterio, es imperativo considerar el voto lineal para evitar un Ejecutivo débil frente a un Legislativo obstruccionista que ya ha despojado a la ciudadanía del derecho al referéndum y ha debilitado la figura presidencial.
Por último, llamó a no votar por quienes ya han defraudado o traicionado la confianza pública legislando para su propio beneficio.
«Recuperar la decencia frente a la mafia es una tarea que exige acción y vigilancia constante, pues, en esta lucha por la nación se debe avanzar ´a Dios rogando y con el mazo dando´, utilizando el mazo del trabajo ciudadano y el pensamiento crítico para demoler la estructura de la impunidad».
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