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Cómo se mueve la minería informal en Caravelí Todo por el oro Caravelí es una de las zonas más ricas en minerales de la región. Allí hay cobre, hierro, pero principalmente oro, que es extraído informalmente. Así, el 70 por ciento de la minería informal de Arequipa está en esta provincia. El distrito de Chala se ha convertido en la capital de esta actividad, pues allí se concentran plantas procesadoras formales y es el punto hasta donde llegan los mineros, tanto de Arequipa como de Ayacucho.
El reciente paro minero puso sobre el tapete este grave problema. Fue Chala donde el paro fue más fuerte por el bloqueo de la carretera Panamericana. Literalmente, los mineros paralizaron el país. Los protestantes no eran pocos, pues se calcula que en Arequipa hay 18 mil personas dedicadas a esta actividad. Extraen el oro muchas veces de zonas que ya están concesionadas, es decir, que pertenecen a un tercero, lo que implica el delito de hurto, explica el gerente regional de minería, Alberto Butrón Fernández. Sino lo hacen en una zona libre, se trata de extracción ilegal, afirma. Todos ellos extraen el oro abriendo socavones en zonas como el valle de Cháparra, Quicaña, Huanuhuanu, Tocota (colindante con Ayacucho), Atico, Cahuacho y Acarí. Todas estas zonas están en Caravelí. Y es en Chala donde se procesa el mineral. El otro centro de procesamiento es Nazca, en la región Ica. Movidas de compra y venta Pero los principales compradores de los informales, son paradójicamente las plantas procesadoras formales. Sólo en Chala hay 8, entre ellas, minera Titán, Colibrí, Paraíso, Laytaruma, Dinacor, entre otras. El gerente regional de Energía y Minas, Alberto Butrón, aclara que estas empresas no están obligadas a verificar la procedencia del mineral, porque hay un vacío legal en el tema. En 2009 se emitió un decreto corrigiendo este aspecto, pero por la presión de los mineros, fue derogado. "Las plantas saben que el oro viene de informales, ellos a la vez les venden explosivos y mercurio, sin pedir nada...La norma tampoco los obliga", indica. También hay acopiadores que llegan hasta las zonas mineras. Por lo general ellos son de Lima. Otros acopian y se llevan el mineral a Nazca, donde lo procesan. En este proceso de compra y venta entre los mineros, las plantas o los acopiadores, también entran a tallar los facturadores. Este es un modo de legalizar el mineral. Cuando hay una factura de por medio, las plantas pagan no sólo el valor del mineral sino también el 19 por ciento del IGV (Impuesto General a las Ventas). También se declara a cuenta del Impuesto a la Renta, es decir el 2 por ciento del monto total de la venta al mes. Del monto total se distribuyen 30 por ciento para el facturador y 70 para el minero. Los mineros prefieren hacerlo de ese modo, pues de lo contrario la planta sólo les pagaría el 50 por ciento del valor total del mineral.
Nada se pierde La venta del oro se hace de diversos modos. El primero es cuando el material es chancado y mezclado con tierra. En este caso el precio a pagarse está sujeto a la evaluación que haga el comprador. El segundo modo es utilizando mercurio y los quimbaletes para separar el oro de la tierra. Este proceso requiere agua. Por gramo de ese oro se paga 90 soles. Pero los relaves que quedan de este proceso también son vendidos a las plantas procesadoras, que los compran por toneladas. Ellos utilizan el proceso de cianuración para extraer un oro más puro. En este caso se paga según la ley y el grado de humedad. El pago siempre está regulado por el precio internacional del oro, que es de mil 180 dólares la onza, esto es, 30 gramos. La informalidad Si bien en un primer momento se indicó que el paro era por el DS 012-2010 que prohíbe el uso de dragas en la zona de Madre de Dios, luego de registrarse 6 muertos durante las protestas, el dirigente minero, Teódulo Medina, presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, explicó que su reclamo se debe a la falta de una nueva ley para este sector. Ellos reclaman que los denuncios mineros que pertenecen a terceros que nos los explotan, sean revertidos al Estado y entregados a quienes los vienen explotando. Una propuesta complicada, pues al obtener una concesión, se adquiere derechos e incluso se paga para mantenerla, dice Butrón Fernández. Este es un gran óbice para su formalización, explica Dante Pinto, subgerente de la Autoridad Regional del Ambiente. Indica que si hay intención en los mineros de formalizarse, tanto por su salud, como por mejores condiciones de trabajo y para ser calificados como aptos para obtener préstamos. Así lo han manifestado en las diversas mesas de trabajo realizadas en Caravelí, Camaná y Condesuyos. Desde 2008, cuando se transfirió el control de la mediana y pequeña minería a los gobiernos regionales, se han formalizado 5 empresas. Algunas de ellas lo han hecho a través de contratos con los dueños de las concesiones. Pero esta cantidad aún es menor. Hace falta llegar más a las minas y explicarles. Y es que como indica el gerente regional se transfirió la función, pero no recursos. (Milagros Tairó)
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