Columnista invitado

Leonidas Wiener Ramos (*)


Ley de Consulta a los Pueblos Ind�genas

En v�speras de cumplirse un a�o de los tr�gicos sucesos acaecidos en Bagua el pasado 5 de junio del 2009, el Congreso de la Rep�blica aprob� en sesi�n plena de fecha 19 de mayo del 2010, la Ley de Consulta a los Pueblos Ind�genas.

Como se recordar�, los sucesos de Bagua nos mostraron de la forma m�s cruda la incapacidad hist�rica del "Per� oficial" para incorporar arm�nicamente, a las m�ltiples y variadas expresiones culturales que existen en su territorio. En ese sentido, esta Ley de Consulta constituye un hito hist�rico que puede permitir al Estado refundar sus relaciones con los pueblos y comunidades ind�genas en base a un nuevo paradigma, en el cual las distintas concepciones y formas de ver la vida y el desarrollo puedan ser consideradas como igualmente v�lidas.

En esa perspectiva es que debe destacarse el avance obtenido con la promulgaci�n de esta Ley en cuanto a la institucionalizaci�n de v�as de di�logo para que los pueblos y comunidades ind�genas puedan ejercer plenamente sus derechos colectivos y, en consecuencia, plasmar en la pr�ctica su derecho a ser parte de la sociedad nacional con base en su diferencia. Debe resaltarse que el Per� es el primer pa�s andino en promulgar una norma de esta naturaleza, lo cual llama la atenci�n pues en nuestro pa�s los movimientos ind�genas no tienen la significaci�n que presentan en Bolivia y Ecuador.

La definici�n de pueblos

Es importante destacar dos innovaciones que introduce la Ley en cuanto al tratamiento de los pueblos y comunidades ind�genas en el ordenamiento jur�dico peruano. En primer lugar, el art�culo 7 se�ala que las denominadas comunidades campesinas y nativas podr�n ser consideradas como pueblos ind�genas para los efectos de esta Ley si cumplen con los requisitos establecidos para calificar a un pueblo ind�gena como tal. Esto implica romper con una larga tradici�n jur�dica en el Per� (que data del per�odo colonial) que consideraba a las comunidades como el �nico sujeto/objeto de las legislaciones indigenistas estatales, aunque debe anotarse que algunas leyes sectoriales promulgadas en los �ltimos a�os han incorporado el t�rmino "pueblos" como sujeto destinatario del derecho (junto a las comunidades campesinas y nativas).

De alguna manera, lo que la Ley estipula representa de forma m�s adecuada, la realidad de estos grupos humanos, pues los rasgos y particularidades culturales de estas colectividades no se dotan de contenido en un nivel o �mbito estrictamente comunal, sino que es en un nivel supracomunal -o uno de proporciones mayores- donde se estructuran y conforman los elementos que hacen que un determinado grupo social adquiera la identidad diferenciada que lo define como un pueblo.

En segundo lugar, generalmente en la legislaci�n y la doctrina internacional se utilizan m�ltiples vocablos para designar a esta clase de sujetos colectivos: pueblos ind�genas, pueblos originarios, poblaciones ind�genas, minor�as nacionales, grupos �tnicos, entre otros. El problema es que la utilizaci�n de muchos vocablos para designar a estas colectividades genera una confusi�n y un c�mulo de interpretaciones sobre su naturaleza, lo cual acent�a su grado de indefensi�n. En ese sentido, resulta importante resaltar lo estipulado por el art�culo 7, que dispone que "las denominaciones empleadas para designar a los pueblos ind�genas u originarios no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos". As�, m�s all� del vocablo utilizado para calificar a estos grupos, o la forma en que ellos se autodenominen (como quechuas, aymaras, awaj�n o machiguengas), su cualidad jur�dica y la vigencia de sus derechos colectivos no se ven amenazadas.

Reflexi�n final

A pesar de las limitaciones y falencias que presenta la Ley de Consulta, su promulgaci�n constituye un importante avance en el proceso de reconocernos como un pa�s que nace, crece y se desarrolla con base en sus diferencias; �stas no s�lo deben ser calificadas como expresiones folkl�ricas, sino como un capital de inconmensurable valor que los prejuicios y la discriminaci�n estructural existentes en la sociedad "oficial" peruana a�n impiden apreciar cabalmente.

A partir de la promulgaci�n de esta Ley, el Estado tiene una gran oportunidad para integrar y dar cabida a la pluralidad de grupos �tnicamente minoritarios existentes en el pa�s y sus particulares intereses y expectativas; de lo contrario, la situaci�n de conflictividad social permanecer� de forma invariable, con el atenuante de que el contenido "�tnico" de la protesta puede derivar en complicaciones para encontrar puntos en com�n para negociaciones o acuerdos, pues todo se basar�a en un "nosotros" o un "ellos". Ese es el verdadero reto al cual se enfrenta el Estado peruano en el proceso de construcci�n de una democracia inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

(*) Comisi�n Andina de Juristas