Lo que aparentaba ser un lejano vaticinio sobre los conflictos del siglo XXI alrededor de las fuentes de agua y ya no de las de energía, se ha cumplido más pronto de lo que esperábamos en el país.
Por su configuración geográfica, ubicación y características geológicas, el país es y será uno de los escenarios más activos en este tipo de conflictos, como puede preverse desde ahora.
Nuestra región, por otro lado, una de las más áridas y con mayor radiación solar en el mundo, nos pone en esta confrontación en una de las situaciones más vulnerables y explosivas. El problema no es, como podría parecer, postergable. Es más serio y preocupante de lo que las autoridades han previsto. Como siempre.
Además del conflicto no superado del proyecto Tía María y el Valle de Tambo, con su permanente estrés hídrico, ahora está el problema, tampoco resuelto, de la necesaria represa de Angostura y la disputa por el agua con la región Cusco, lo que ha paralizado uno de los proyectos más emblemáticos de la región desde hace 40 años.
Por si esto fuera poco, las autoridades locales han cometido uno de los crímenes por omisión más reprobables de los últimos tiempos por su ya demostrada miopía política, aunque aún las consecuencias de lo ocurrido no puedan evidenciarse. Lo importante, diremos por ahora, es que se trata del agua y del medio ambiente.
Absortos como acostumbran en su propio ombligo y con visión que no supera la longitud de sus narices, han omitido ocuparse del saneamiento de la ciudad (dotarla de agua y evitar contaminarla reciclando el agua servida para nuevos usos), entregando esta tarea y deber ineludible a la empresa minera local, Cerro Verde. Que la empresa financie obras no es malo per se, aunque crea un condicionamiento indeseable para el control ambiental; sin embargo, el abandono de sus obligaciones para refugiarse en la comodidad del ofrecimiento -naturalmente interesado- de la minera, cediéndole también, con ello, el control de la situación, sí resulta más que reprobable.
En el año 2006, las autoridades, los dirigentes locales (que también están sospechosamente silenciosos) y representantes de la minera, llegaron a un acuerdo para, al mismo tiempo, solucionar los problemas de saneamiento de la ciudad, y hacer que la empresa cumpla con aportar a la comunidad, en vista de una injustificable exoneración de impuestos que otros políticos de la misma laya le habían concedido. Las obras eran las plantas de tratamiento de agua potable y la de tratamiento de aguas servidas.
Al final, la minera ha entregado la Planta de La Tomilla II, como si se tratara de una dádiva y los alcaldes, Sedapar y la Región, nunca cumplieron con financiar la planta de aguas servidas, como era su compromiso. Optaron por encargar nuevamente a la minera su construcción, a cambio de entregarle el agua para sus nuevas operaciones. Ninguno se ha preocupado por saber qué pasara con el agua utilizada en las operaciones mineras, si en el futuro será recuperable del algún modo para usos de la comunidad.
Además, menos les ha importado saber si el proyecto de la empresa, que triplicará sus operaciones tan cerca de la ciudad, tiene un Estudio de Impacto Ambiental riguroso, si la minera pagará una tasa adecuada a la importancia del recurso que se lleva y; por último, han permitido que Sedapar (donde todos los alcaldes son accionistas), firme un convenio totalmente desventajoso, por el cual la población de Arequipa –todos, en sus recibos de agua- pagarán por el tratamiento del agua que la minera empleará en triplicar sus utilidades. Nada menos.
¿Qué harán nuestros aguerridos dirigentes locales que hoy cogobiernan en la Región, frente a esta situación?