Esa antigua costumbre, tan conveniente para políticos y funcionarios del Estado, es uno de los lastres que frenan el progreso de nuestro país; y tal parece que fuera apenas un detalle, algo insignificante, como haberse levantado en peso una ciudad como Arequipa, cuando se es un alcalde “que hace obra”, o un país, cuando se es presidente “de todos los perguanos”.
Ahora que, en el “interior del país”, vivimos la ilusión de estar progresando en lo económico más rápido que la propia Lima y fantaseamos con estar reduciendo las brechas (abismales) que nos separaban del desarrollo, tendríamos que considerar -si queremos realizar la ilusión-, ajustar el modelo saneando las fallas estructurales que no nos permiten avanzar y tapando los forados que, en forma de latrocinios, han venido impidiendo que los peruanos alcancemos los beneficios de vivir bajo un estado “de Derecho”, donde impere mínimamente la ley y se premie la ética, antes que la picardía.
Si no consolidamos una organización institucional en la que el Estado cumpla sus deberes elementales, y la ciudadanía participe en las decisiones que le atañen; todo dentro de un marco razonable pero infranqueable de legalidad y racionalidad, en el que los valores no estén invertidos como ocurre en la actualidad y la lógica no logre imponerse sobre el abuso; las “mejoras” que estamos experimentando no pasarán de ser efímeros ilusionismos. Y la pobreza, el desempleo, la mediocridad, la incultura y la falta de estética, estarán de nuevo entre nosotros, más pronto de lo que esperamos.
Y es que la sociedad es como una maquinaria compleja en la que factores económicos, sociales, culturales y éticos, están concatenados y son interdependientes. No se puede progresar individualmente, ni sólo materialmente. Todo viene en el mismo paquete. Cuando se descubre –por ejemplo- un acto de corrupción, la gente tiende a pensar –muy en el fondo- que ese no es su problema y que allá se arreglen los involucrados, las autoridades y los “responsables”; sin detenerse a pensar en las graves consecuencias que ello acarrea para la sociedad de la que somos parte, tanto en el aspecto económico, como en el cultural.
Las pérdidas son cuantiosas, tanto en el aspecto contable, como en la destrucción del tejido social y la desmoralización subsecuente. El círculo se cierra cuando ese acto –por todos conocido y censurado- se beneficia de la inmunidad, que es una verdadera institución en nuestro país.
Por eso, el indulto al ex presidente Fujimori reviste consecuencias tan importantes y no se debe otorgar con ligereza sin evaluar sus consecuencias y su justificación. Y por eso también, el escándalo de corrupción que afecta a la Contraloría General de la República, no puede taparse con rápidas acciones de control sobre 22 entidades arequipeñas, en una suerte de “operación limpieza mediática” que, a manera de cortina de humo, haga olvidar la gravedad de lo ocurrido con un ente que es –paradójica y escandalosamente- la encargada de controlar la corrupción y malos manejos del aparato público.
Que la sobreactuada indignación del contralor Fuad Khoury no termine en la sanción a terceros, sino a sus propios empleados, a quienes ha defendido sin mayor sustento, queriendo hacernos creer que todo esto se trató de la mala actuación de una secretaria, quien habría dispuesto de los teléfonos, una camioneta, papeles y sellos de la Contraloría, todo por cuenta propia. No pues, señor Contralor, yo no me creo ese cuento.